El grupo de sabios busca fórmulas para adaptar los impuestos al fin de la crisis

Revisar, uno por uno, todos los impuestos y sus gravámenes. Revertir la subida del IRPF que aprobó Mariano Rajoy en contra de su programa al llegar a la Moncloa y, si es posible, «ir más allá» en su rebaja. Acercar la tributación real de las empresas al tipo general del Impuesto de Sociedades. Abrir camino para la instauración de nuevos tributos medioambientales y, en definitiva, hacer cumplir la vieja promesa electoral del PP de que, pese a la crisis, los españoles pagarán a finales de la legislatura menos impuestos que al comienzo. Sobre esos grandes pilares ha empezado la comisión de expertos presidida por Manuel Lagares a construir su propuesta de reforma del sistema tributario, que buscará adaptar la fiscalidad a la España poscrisis. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quiere tener sobre su mesa el texto el 28 de febrero, para apoyar en él la estructura fiscal del futuro que aprobará en 2014. Después, esa reforma impositiva será la base del sistema de financiación autonómica que verá la luz como muy tarde en 2015 y que, según fuentes gubernamentales, partirá de una premisa distinta a todos los aplicados en el pasado: «Hasta ahora, los modelos de financiación siempre se resolvían aportando el Estado más dinero para las administraciones territoriales. El que viene no será igual, no se pondrá más dinero porque no hay. Es para repartir competencias, y una vez asignadas las competencias veremos cómo financiarlas».

Pero para llegar a esa meta, el primer paso es que elabore su propuesta la comisión de expertos que preside el catedrático de Hacienda Pública Manuel Lagares y que está integrada por académicos de perfil liberal y conservador. Hacienda sostiene que el grupo es independiente, pero esta semana, en su puesta de largo, Montoro marcó los principios que deben determinar su trabajo: suficiencia, eficiencia y equidad.

Según dijo el ministro, «suficiencia» significa que, aun en una época de ajustes obligados para reducir el déficit, el sistema debe garantizar la recaudación que el Estado precisa y que ahora es «muy baja comparada con otros países del entorno europeo». «Eficiencia» quiere decir que los tributos deben ser «poderosos instrumentos» de política económica, con una formulación que impulse el crecimiento, atraiga inversiones y, por tanto, genere empleo. Por último, «equidad» para que cada cual «contribuya según su capacidad económica».

IRPF

Las fuentes del Ejecutivo consultadas señalan que, si se ha elegido a Lagares para pilotar la reforma -ya participó en las del IRPF de 1999 y 2002, en tiempos de Aznar- es por ser «un hombre no revolucionario, poco rupturista, de grandes líneas». Lagares avanzó que será una reforma «para el empleo y el crecimiento», al servicio del «desarrollo social», que buscará «simplificar la tributación» y la «progresividad». Admitió que su trabajo estará condicionado por la coyuntura adversa y la necesidad de garantizar «la estabilidad presupuestaria». «Esta puede ser la reforma para adaptar nuestro sistema tributario a las consecuencias de la crisis, a la globalización e internacionalización de la economía», sentenció.

Por lo que respecta al IRPF, las fuentes consultadas destacan que a Lagares «no le gustan los tipos altísimos como los actuales» (el gravamen máximo general está en el 52% y alcanza el 56% en Cataluña). También es partidario de establecer «pocos tramos» (ahora existen siete) y de mantener los mínimos exentos de tributación, aunque está por ver si en su formulación actual.

Lagares está «a favor de un tratamiento fiscal positivo al ahorro previsión», es decir, de fomentar el ahorro a largo plazo mediante seguros de vida, planes de pensiones complementarios u otros productos que garanticen recursos a 15-20 años vista. El llamado 'gravamen complementario' (la subida del IRPF aprobada por Rajoy en 2011) desaparecerá. «Y si se puede ir a más (rebaja), pues se irá», sentencian las fuentes consultadas.

En cuanto al impuesto de Sociedades, la reforma suprimirá aún más deducciones para elevar el tipo efectivo que pagan las empresas, sobre todo las grandes. Las cifras muestran que si hoy el tipo general es del 30%, los tipos efectivos oscilan entre el 10% y el 20%. Y las hay que, con la maraña actual de deducciones, acercan su tributación a cero.

«Hoy por hoy no se quiere tocar el IVA», aseguran las fuentes consultadas, por estar ya su tipo general (21%) ya en la media europea. Sin embargo, no se descarta «algún ajuste» de carácter menor. Por ejemplo, para aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que dictaminó que España incumple una directiva europea al imponer tipos reducidos a algunos productos y equipos sanitarios que deben ser gravados al tipo máximo cuando no los compren consumidores domésticos sino el sistema sanitario o profesionales de la salud. En general «no se quiere subir el IVA para no perjudicar al turismo y a la hostelería».