La Justicia da la razón al exdelegado de Urbanismo acusado de malversación

«Una justicia que tarda once años en tratar de restituir el honor y la dignidad de unas personas no consigue compensar el daño provocado». Con esta frase ha valorado el ex primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Arcos, Juan Ignacio López-Escobar, el fallo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Arcos que ha decretado el sobreseimiento de unas actuaciones que se iniciaron por la permuta de unos terrenos en 2002. En mismo recoge las conclusiones del Ministerio Fiscal que no ve ningún tipo de prueba ni indicio de «la existencia de delito de prevaricación ni ningún tipo de malversación de fondos públicos».

La causa se inició por una permuta de terrenos en 2002 por parte del Ayuntamiento con tres empresas, Tecnisierra de Arcos S.L, Alfonso X el Sabio S.L. y Mouxo S.L., viéndose implicados en la acusación representantes de todas ellas. Además, también se imputaba al secretario general del Ayuntamiento, Bernardo Muñoz, y al arquitecto técnico municipal, José Luis Alejandre, quedando todos ellos libres de todo tipo de cargos. López- Escobar ha defendido públicamente tanto su propia honorabilidad como la de «los técnicos municipales, que realizaron una labor intachable, y los empresarios que en su momento decidieron apostar por Arcos».

La permuta pretendía que se contara con terrenos en la zona de Los Cabezuelos para proyectos municipales y el entonces delegado de Urbanismo defiende que «siempre buscamos el bien general de Arcos», recordando que «en 2006 la Cámara de Cuentas de Andalucía ya emitió un informe en el que se reconocía que las permutas beneficiaban al Ayuntamiento. Además, destaca que «desde el primer momento se veía todo claro pero la ambición política y personal de algunos -en clara alusión al PSOE- hizo que se montara una causa donde no había absolutamente nada». Fue la Fiscalía Anticorrupción quien puso en marcha el proceso aunque tanto los imputados como el PP local siempre ha tenido claro que la actuación partió de los socialistas. De hecho, recuerdan que durante el periodo que el PSOE gobernó Arcos contrataron a un abogado con fondos del Ayuntamiento, para alargar la resolución de la causa y de esta forma conseguir ventaja política.

Durante el periodo que duró la instrucción, Juan López-Escobar destaca que no contesto a ninguna de las acusaciones vertidas por el entonces portavoz socialista Joaquín Macías, por respeto a la actuación de la Justicia, y para no perjudicar a su partido, hasta que no se aclararan los hechos, pese a que en algunas ocasiones «se hacía difícil no responder».

Daño personal

El exdelegado de Urbanismo lamenta todo el daño personal que «hemos sufrido los que en su momento nos vimos señalados», destacando que todo el proceso le ha supuesto «un daño personal y profesional que no se puede compensar pese a que «la Justicia demuestre que hicimos lo mejor para Arcos». El auto, fechado el 1 de abril de 2013, da por zanjada la imputación tanto de López-Escobar como la del resto de trabajadores municipales y de los representantes de las empresas implicadas, no dejando lugar a la más mínima duda.

La resolución de la imputación del entonces representante del Gobierno popular que lideraba Juan Manuel Armario, no solo supone la demostración de que no hubo prevaricación y malversación.

La misma también arroja luz sobre una gestión que se puso en entredicho en su momento ya que ahora el texto judicial destaca lo beneficioso de las permutas para el Consistorio. Además de la valoración positiva de dicha gestión, se niega que «se utilizara el cargo para sacar un beneficio personal en contra del bien general».