Unas medidas que no gustan a nadie

La reforma energética del Gobierno no ha gustado a nadie. Ni a las empresas ni a los consumidores. Las organizaciones de consumidores acusaron al Gobierno de ponerse «del lado» de las compañías. La OCU, tras recordar que la luz ha subido un 56% en seis años, aseguró que «los errores cometidos por el sector eléctrico tendrán que ser pagados por los consumidores». El recibo medio de la electricidad subirá 2,5 euros al mes para los hogares hasta alcanzar los 75,72 euros de media, según cálculos de Facua-Consumidores en Acción. Para Facua, el nuevo Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (que sustituirá a la TUR -Tarifa de Último Recurso-, que es la que usa la mayoría de los hogares), «es una tomadura de pelo» como nombre, y la nueva tarifa «perjudica al consumidor porque las eléctricas siguen pudiendo fijar al 80% los precios».

Las cinco grandes eléctricas agrupadas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Eon España) criticaron que el mayor esfuerzo de las medidas «vuelve a recaer en el sector eléctrico tradicional», que asume «el 65%» del esfuerzo exigido por las medidas anteriores y, ahora, del recorte de 2.700 millones para el sector, más de 1.000 millones recaerán sobre estas cinco empresas. Eso les lleva a anticipar que tendrán que proceder a una «drástica reducción del empleo y a replantearse sus inversiones en España» debido a los recortes y a la «inseguridad regulatoria». Fuentes del Ministerio de Industria contraargumentaron diciendo que un precio alto de la luz también supone una presión sobre la industria y el resto de empresas que les lleva a reducir sus costes laborales y, por tanto, el empleo.

Asimismo, las cinco grandes empresas señalaron que los pagos por capacidad de las centrales de ciclo combinado (las que garantizan el suministro del sistema eléctrico cuando no hay viento para que funcione la eólica o sol para la fotovoltaica) se reducen a menos de la mitad «lo que hace posiblemente inviable su continuidad». La reforma rebaja el pago desde los 26.000 euros por megawatio que se abonaban antes a 10.000 euros; aunque antes el tiempo establecido para el pago era de diez años y ahora es de 20 años. Estas son las quejas de las empresas eléctricas tradicionales, pero también las renovables alertaron de «una cascada de problemas financieros para el sector y, eventualmente, para la banca». Todos coinciden en acusar al Gobierno de «golpear» la seguridad jurídica con medidas «retroactivas». Para UNEF, patronal del sector fotovoltaico, el impacto de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros «puede llevar a la quiebra a buena parte del sector», que ya acumula recortes de hasta el 40% de los ingresos esperados cuando se realizaron las inversiones.

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, que agrupa a los pequeños productores, asegura que la reforma es «traumática para 55.000 familias» que invirtieron en huertos solares y critica que el Gobierno no actúe sobre el exceso de retribución que perciben las grandes eléctricas por la producción nuclear e hidroeléctrica (su producción es más barata pero el sistema determina que se les retribuya el megavatio al mismo precio). También los consumidores criticaron que no se haya modificado este modelo. Para la Asociación Empresarial Eólica (AEE), se trata de un «experimento a escala mundial, ya que ningún país -salvo Rusia y solo para las nuevas instalaciones, no para las antiguas- ha aplicado nunca un sistema semejante».