Anticorrupción da luz verde al juez para investigar al PP por delitos fiscales

Pablo Ruz avisó hace diez días en un auto de que su intención era investigar a fondo la «presunta llevanza de una contabilidad B u oculta en el Partido Popular». Y ahora ya tiene el respaldo de la Fiscalía para indagar si el partido gubernamental pudo incurrir en sendos delitos fiscales en 2007 y 2008 por haber ingresado en sus arcas el supuesto dinero negro que figura en los papeles de Bárcenas y no haber declarado nunca por esos ingresos que entraban en forma de donaciones.

Anticorrupción, en una decisión inesperada, apoyó ayer la petición de las acusaciones de esta pieza separada del 'caso Gürtel' de que declare como testigo la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La número dos de los populares, que podrá ser sustituida por un «representante legal» en el interrogatorio, está llamada a «explicar el procedimiento de recepción de las donaciones anónimas percibidas por el partido».

La número dos de los populares recibió la noticia, según Efe, «tranquila» y «hasta cierto punto, satisfecha por colaborar con la justicia»

El Ministerio Público considera que la comparecencia de Cospedal o sus abogados «puede esclarecer y aportar información sobre los hechos objeto de investigación» de la presunta contabilidad opaca del PP. Un procedimiento, recuerda Anticorrupción, que afecta «a la repercusión que en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ejercicios de 2007 y 2008 pudieran tener para el Partido Popular las anotaciones» del extesorero en el cuaderno en el que recogía las supuestas finanzas B de la formación.

Cospedal, secretaria general del PP desde junio de 2008, deberá responder a las acusaciones de la Policía. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, tras analizar los papeles de Bárcenas, detectó a 19 donantes entre 1990 y 2008, de los que 16 habrían hecho aportaciones al PP por encima del límite legal de 60.000 euros. Eran sobres o paquetes que el extesorero entregaba en mano al responsable de la caja del partido desde 1985, Luis Molero.

A pesar de que esas presuntas donaciones que recogen los asientos se extienden a lo largo de 18 años, la Fiscalía insiste en que solo se deben investigar los ejercicios de 2007 y 2008, los dos últimos años de los papeles del extesorero, porque no estaría prescrito el delito fiscal. En los apuntes contables secretos de Bárcenas las donaciones de empresarios en 2007 ascendieron a 542.000 euros, y al año siguiente, a 1.055.050.

Debido al argumento de la prescripción, el fiscal no apoya la petición de que declaren los antecesores de Cospedal en el cargo, Javier Arenas, de 1999 a 2002, y Francisco Álvarez Cascos, de 1989 a 1999, cuyas responsabilidades «son anteriores a las que delimita el objeto de investigación en la presente pieza separada». También insiste en rechazar la citación de José María Aznar para que explique si había órdenes de compensar los sueldos de algunos miembros del partido. No dice nada, sin embargo, de Ángel Acebes, secretario general entre 2004 y 2008, cuya declaración también fue solicitada por la acusación.

Sobresueldos

Anticorrupción también apoya otra de las peticiones más espinosas de las acusaciones de IU, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Los Verdes y Justicia y Sociedad. Se trata de que el PP entregue en la Audiencia Nacional todas «las normas internas» y demás documentos sobre «percepción de honorarios, salarios, retribuciones, suplidos, compensaciones económicas o cualquier otro pago ordenado o permitido por la Dirección Nacional del Partido Popular».

Los sobresueldos de altos cargos del PP recogidos en los papeles del extesorero en 2007 supusieron 80.400 euros repartidos entre tres dirigentes, y en 2008 descendieron a 70.200 euros cobrados, según estos documentos, por cinco altos responsables del partido.

Pero el fiscal Antonio Romeral va más allá y respalda otra batería de diligencias pedidas por los denunciantes, como reclamar los libros de contabilidad de algunas de las empresas donantes; el listado de las personas que podrían haber tenido acceso a la contabilidad de la formación de 2002 a 2008; el interrogatorio del excajero del PP Antonio Ortiz o la declaración de Hacienda de Jaume Matas, quien reconoció haber recibido una ayuda del PP.

Anticorrupción rechaza, en cambio, la petición de las acusaciones de que el PP identificara a todos los empresarios donantes entre 1992 y 2008. Una diligencia, recuerda la Fiscalía, que ya se pidió y el PP aportó solo documentación limitada al período de 2004 a 2011. Las acusaciones también habían reclamado que los populares facilitaran toda la contabilidad oficial de 1993 a 1999, una petición que tampoco apoya Romeral porque el partido ya ha comunicado que no tiene apuntes contables anteriores a 2004.