Hacienda declara la guerra a las facturas ocultas en los cajones autonómicos y locales

El Gobierno quiere terminar en año y medio con las facturas ocultas en el cajón de los ayuntamientos y comunidades autónomas, que en el pasado han acabado por provocar afloramientos de déficit y han constituido una vía irregular de financiación a expensas de los proveedores. El proyecto de ley de impulso de la factura electrónica aprobado el 28 de junio obligará a todos los contratistas de las administraciones públicas a presentar y tramitar por vía telemática las reclamaciones de pago. En paralelo, se creará un registro contable en el que quedarán archivadas todas las operaciones y que servirá al Estado para vigilar el cumplimiento de los plazos legales de abono.

La normativa diseñada por Hacienda establece un sistema por el que los proveedores podrán presentar sus facturas desde el ordenador de su casa u oficina a través de un punto general de entrada de facturas electrónicas -una web- que deberán crear las administraciones. Allí quedará constancia de la fecha de presentación, lo que según Hacienda «reforzará la protección» del contratista, pues permitirá un mejor control del devengo de intereses en caso de retrasos en los pagos.

La intención del Ejecutivo es que a partir del 15 de enero de 2015 la factura electrónica sea obligatoria. No obstante, las administraciones podrán excluir de esa vía y tramitar por el procedimiento tradicional (documento de papel) las de importe inferior a 5.000 euros.

Las administraciones estarán obligadas a tener ya desde el 1 de enero de 2014 un registro de sus obligaciones de pago, relacionado con su centro contable. Cuando ese centro detecte demoras en el pago, generará alertas para avisar de que el gestor puede incurrir en una vulneracion del plazo legal de 30 días. El centro contable emitirá, cada trimestre, un informe de morosidad con todos los retrasos de más de tres meses, al que tendrá acceso el Estado.