El Constitucional suspende el decreto andaluz antidesahucios

El Tribunal Constitucional (TC) suspendió ayer de forma cautelar el decreto andaluz de «medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda», más conocido como decreto antidesahucios, que permite la expropiación temporal de inmuebles en los procesos de desalojo instados por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. Además, el decreto andaluz prevé sanciones para viviendas vacías si sus titulares son personas jurídicas.

La suspensión tiene efectos desde el 9 de abril, que es cuando el Gobierno presentó el recurso de inconstitucionalidad admitido ahora a trámite. En dicho recurso, el Gobierno invocó el artículo 161.2 de la Constitución, según el cual la impugnación por parte del Ejecutivo de las resoluciones de comunidades autónomas produce la suspensión de la norma, pero el alto tribunal tiene que ratificarla o levantarla en un plazo de cinco meses.

El decreto ahora suspendido entró en vigor el 12 de abril; desde entonces, la Junta de Andalucía había iniciado los expedientes de expropiación temporal a las entidades financieras de doce viviendas que habían sido embargadas por impago. Como los procesos de expropiación no habían concluido, quedan también suspendidos. Las actuaciones terminadas antes de esa fecha se mantienen.

El Gobierno central recurrió la normativa por entender que afecta al derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales; establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y presenta una regulación contraria al principio de igualdad. Sin embargo, el PP ha rechazado, en la Diputación Permanente del Congreso, que el Gobierno comparezca de forma extraordinaria para explicar su decisión de recurrir este decreto, como habían reclamado PSOE, la Izquierda Plural y el grupo mixto.

El director general de Vivienda de la Junta de Andalucía, Antonio Ibáñez, comentó que la decisión del Gobierno de recurrir ha sido de tipo político y no jurídico. La Comisión Europa y el informe de la troika sobre el sector bancario apuntaban al decreto andaluz antidesahucios como uno de los elementos que acrecientan la «vulnerabilidad» de las entidades financieras.

¿Ha afectado el decreto andaluz a la venta de viviendas en la comunidad? Por los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) podría pensarse que sí. La compraventa de viviendas descendió un 20,3% en Andalucía en el mes de mayo, una caída bastante más elevada que la media nacional, que fue del 3,7%. Sin embargo, la estadística del INE recoge las fincas inscritas en los registros de la propiedad en el periodo de referencia -mayo en este caso-. Pero las escrituras públicas y, por tanto, la propia venta se han hecho con anterioridad, a veces con más de dos meses de diferencia. Además, aunque en abril las compraventas de vivienda en Andalucía crecieron un 19,1% -frente al 10,8% en el total nacional-, en marzo la caída de las transmisiones de viviendas fue superior a la media (17,4% frente a 12,6%) y no había decreto en vigor entonces.

De otro lado, el precio de la vivienda en España bajó el 12,8 % en el primer trimestre de 2013 respecto al mismo periodo de 2012, según datos de Eurostat,la oficina comunitaria de estadística. Eso lo sitúa como el país con mayores descensos de la Unión Europea, donde los precios cayeron de media un 1,4%.