Los astilleros piden que intervenga Rajoy ante el inmovilismo de Almunia

La delegación española que se entrevistó ayer con el comisario Joaquín Almunia para analizar el expediente que instruye la UE sobre el 'tax lease', el sistema de ayudas al sector naval español vigente entre los años 2001 y 2011, volvió como había ido: sin conseguir que las autoridades europeas modifiquen ni una sola coma de sus planteamientos y con una gran preocupación porque peligra el futuro de 87.000 empleos en este país. En ese marco de frustración, pidieron públicamente la intervención de Mariano Rajoy, para que sea éste quien convenza al presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, sobre un cambio de postura en el seno del Ejecutivo comunitario.

A media mañana, Joaquín Almunia recibió en su despacho al ministro de Industria José Manuel Soria; al lehendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu; al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; al de Asturias, Javier Fernández; a los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente; y a Álvaro Platero, presidente de la patronal de los astilleros, Pymar. La delegación institucional, empresarial y sindical albergaba la esperanza de doblegar la posición de Almunia, que desde el inicio de la instrucción de este expediente siempre se ha mostrado muy crítico con la actitud de las autoridades españolas. Almunia confirmó lo que el sector y la Administración en España califican como «una sentencia de muerte para los astilleros». Esto es, exigir que se devuelvan las ayudas consideradas ilegales y que corresponden al periodo de 2005 a 2011. Una cifra en torno a los 2.800 millones de euros, que sería exigida a los bancos y empresas que actuaron como intermediarios, ya que la Comisión -ayer quedó confirmado en el transcurso de la reunión- está dispuesta a dejar al margen a los astilleros y a los armadores que adquirieron los buques. En cualquier caso, los contratos privados que existen sitúan a los astilleros como responsables últimos del pago de estas cantidades.

La delegación española apuesta por reducir el número de años sometidos a devolución. La decisión final será adoptada el miércoles de la próxima semana.

¿Por qué no perdonar las ayudas ilegales anteriores a 2011, año en que se abrió oficialmente el expediente, tal y como se hizo con Francia? «La diferencia es que el sistema francés -dijo ayer el comisario- se cambió en el año 2006 y está funcionando desde entonces, y el español siguió funcionando a pesar de que era análogo al francés, que fue declarado no compatible con la legislación de ayudas de Estado». Otra cuestión es: ¿cómo es posible que estemos en esta situación después de que en 2009 la entonces comisaría de Competencia, Neelie Kroes, asegurase en una carta que el sistema de 'tax lease' español no presentaba elementos de «discriminación» para el conjunto de empresas europeas? Es la principal baza de los astilleros españoles, pero Almunia la despachó en apenas unos segundos. «Ni la carta es un acto formal de la Comisión, ni se refiere al tema que estamos investigando», zanjó el comisario, quien también alegó que este argumento no puede ser considerado como un elemento de «naturaleza jurídica».

La modificación de última hora en el borrador de resolución -eximir a los armadores y centrar la sanción en los intermediarios que financiaron las operaciones- no contenta a nadie, porque todo el mundo coincide en que no supone solución alguna. «¿Qué barco se va a poder hacer en España -se preguntaba ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria- cuando los inversores van a tener que devolver las ayudas, que desde el punto de vista jurídico creemos que no tienen que ser devueltas?» Los astilleros creen que la respuesta es contundente: «Así no hay posibilidades de construir nuevos barcos».