La Junta da un paso al frente contra el auto de Alaya que cerca el entorno de Griñán

La Junta de Andalucía ha decidido dar un paso al frente en el caso de los ERE fraudulentos y, pese a ser acusación, presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla contra el auto de la jueza Mercedes Alaya que imputa a 20 cargos y excargos de la administración andaluza de tres consejerías, entre ellos a la exconsejera de Hacienda y también exministra de Fomento Magdalena Álvarez y el actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano.

La Junta cuida en apariencia las formas porque no quiere dejar de ser parte personada en el sumario, pero el trasfondo del recurso rezuma un correctivo en profundidad a la forma de instruir de Alaya. Se presenta como salvadora del proceso porque entiende que la «defectuosa construcción del auto» de Alaya y su «evidente falta de motivación» podría provocar la nulidad del caso y la pérdida para la administración del dinero defraudado, según un comunicado de la Junta. También recurre en defensa de la «dignidad» y «competencia» de la administración autonómica en materia legislativa y tacha de incompetente a la jueza para cuestionar las leyes de presupuestos andaluces, algo que compete, advierte, al Tribunal Constitucional.

Se trata de un paso meditado y no exento de discusión interna en el seno de la Junta. En un primer momento fuentes de esta admitieron que se preparaba un recurso contra el auto, pero después el propio presidente, José Antonio Griñán, negó este extremo argumentando que al ser acusación en el proceso no podía recurrir las imputaciones.

¿Qué ha ocurrido para cambiar de opinión? La consejera de Presidencia, Susana Díaz, explicó que el cambio parte del «criterio» del gabinete jurídico, el cual ha advertido de que si la Junta, como acusación particular, no se manifiesta en contra de las imputaciones en este momento procesal, «no lo podrá hacer hasta que se abra el juicio oral» a riesgo de que para entonces el proceso pueda verse anulado. Sin embargo el recurso no parece cosa de un día, al constar de 120 páginas argumentadas con jurisprudencia contra un auto de apenas 27 folios.

Antecedentes

Alaya considera en su auto a los 20 imputados conocedores y consentidores del «uso indebido de las transferencias de financiación» para el pago de las ayudas sociolaborales a través de la partida 31L de los presupuestos de la Junta, lo que motivó, en su opinión, el «dispendio continuado de fondos públicos». La jueza insiste en que las sucesivas leyes de presupuestos utilizaron de forma «inadecuada» el sistema de financiación en lugar de la subvención extraordinaria, que hubiera permitido mayores controles.

El recurso -según el comunicado de la Junta- precisa que los «escasos e inconcretos hechos» relatados que dan lugar a la imputación de los 20 cargos «no suponen ninguna infracción legal». Para la Junta no cabe una imputación penal a todos por la elaboración de la ley de Presupuestos basada en el «desacuerdo personal» con el contenido de la norma. Además entiende que Alaya no es competente como jueza instructora para poner en entredicho las leyes de presupuestos, algo que compete dirimir al Constitucional.

Alaya, además, no concreta los delitos de los que se acusa a los imputados, lo que podría significar que se vulneran sus derechos fundamentales según la Constitución. La Junta advierte de que tiene conocimiento de que algunos de los imputados pueden no recurrir ahora y esperar al juicio oral para pedir la anulación del caso . «Se plantea el recurso para garantizar una instrucción impoluta y que no deje flancos débiles que permita a las defensas de los responsables del presunto fraude guardar elementos de nulidad de la causa».

El auto supuso un gran revulsivo y causó nerviosismo en el gabinete de Griñán. Alaya dibuja un círculo de imputados entorno al actual presidente dejando fuera tan solo a los aforados, entre ellos al propio Griñán y a su consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. El líder del PP-A, Juan Ignacio Zoido, que actúa como oráculo en este proceso, avisó ayer que habrá pronto más cargos imputados. El PP da por hecho que Alaya imputará a Griñán.

La Junta se sabe fuera del sumario como acusación si prosperan las acusaciones masivas de Alaya contra cargos públicos. El PP anunció ayer que va a pedir que la expulsen.