El Gobierno andaluz recurre el auto de los ERE que imputa a veinte exaltos cargos

La Junta de Andalucía ha decidido recurrir el auto de la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público en el que se imputaba a una veintena de exaltos cargos y funcionarios de la administración. El Ejecutivo ya había apuntado con anterioridad que el auto era "perfectamente recurrible" y criticaba que no se conocieran los posibles delitos, lo que podía generar indefensión de los implicados.

Fuentes del Ejecutivo regional han confirmado hoy la presentación del recurso, pese a que hace apenas dos días el portavoz del Gobierno Miguel Ángel Vázquez aseguró inicialmente no se contemplaba esta opción. Vázquez sí insistió no obstante en que se trataba de un auto "perfectamente recurrible" tal y como habían señalado varios juristas, y criticaba que la juez "parece querer imputar delitos que no existen en el Código Penal".

El portavoz del Gobierno andaluz se refirió también a los implicados, entre los que se encuentran la exministra de Fomento y exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez y el actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, y aseguró que son personas "honestas y honorables que han hecho un buen servicio a Andalucía".

En su auto, la juez Alaya señalaba a responsables políticos de las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda e Innovación que habían llevado a cabo el procedimiento para la concesión de ayudas a empresas mediante transferencias de financiación, sin control alguno, y no mediante las subvenciones excepcionales que según la juez serían preceptivas para las regulaciones de empleo. Un "uso indebido" de las transferencias de financiación que permitió "el dispendio continuado de fondos públicos".

En el caso de Magdalena Álvarez, Alaya estima que fue la persona que "dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación", y aludía a la obligación de los consejeros de hacienda de velar por la ejecución del presupuesto bajo los principios de legalidad y eficacia.

La decisión de recurrir este auto se produce en plena polémica sobre la posibilidad de que la Junta, tal y como recoge la normativa regional, tenga que asumir la defensa de su personal implicado que así lo solicite. Una opción que ha abierto una brecha entre los socios del Gobierno PSOE e IU, ya que mientras la coalición de izquierdas ha rechazado de plano esta opción por coherencia, al estar ya la Junta personada en el caso como acusación particular, los socialistas, a través de la consejera de Presidencia Susana Díaz, ven "lógico y entendible" que sí se sufragara la defensa de aquellos altos cargos que fueran finalmente absueltos.