PSOE e IU plantan al PP en la ley de transparencia por el 'caso Bárcenas'

La única gran ley política de la legislatura en la que populares y socialistas parecían estar a punto de cerrar un pacto, la de transparencia y buen gobierno, corre el peligro de convertirse en la primera víctima colateral del escándalo desatado por los papeles de Luis Bárcenas, la presunta contabilidad B del Partido Popular.

PSOE, IU y el grupo mixto abandonaron ayer la primera sesión de la ponencia en la que los grupos parlamentarios del Congreso tenían que comenzar a enmendar y pactar el texto de la ley que obligará a publicitar todas las actividades de las administraciones e instituciones públicas, de los partidos, sindicatos, la Iglesia, la Casa del Rey y las entidades y organizaciones privadas que se nutren de forma sustancial de fondos públicos.

El motivo fundamental fue que los tres grupos exigieron sin éxito al presidente de la Comisión Constitucional, el popular Arturo García Tizón, que aplazase los debates de la ponencia a la semana próxima. Consideraban que era imposible comenzar a negociar con el PP sobre transparencia sin saber si la Diputación Permanente, que se celebrará hoy por la tarde, aceptará las peticiones de la oposición para que Mariano Rajoy acuda de inmediato al pleno del Congreso a dar explicaciones sobre las acusaciones de financiación ilegal y cobro de sobresueldos en negro desveladas por el extesorero del partido.

García Tizón dijo que no, que no veía razón alguna para el aplazamiento, y los representantes socialistas, de IU y el de Amaiur, que actuaba como portavoz del grupo mixto, abandonaron la ponencia solo 20 minutos después de iniciarse. El plante tuvo un efecto dominó y diez minutos después dejaron también la ponencia los portavoces de CiU y PNV, que aunque no veían preciso el aplazamiento, consideraron imposible continuar con el debate de enmiendas sin que ya hubiese posibilidad de fraguar un amplio consenso sobre el texto de la futura ley con el PSOE.

Las salidas sucesivas dejaron solos en la mesa de negociación a los tres representantes del PP y a Carlos Martínez Gorriarán, portavoz de UPyD, que, de hecho, defendió que la mejor contribución a la regeneración política y a la lucha contra la corrupción es no mezclar ambos asuntos y no retrasar el proceso de aprobación de la norma a debate.

El desmarque de los grupos de izquierda abre importantes incógnitas porque ni siquiera sus portavoces se atreven por el momento a determinar el alcance del movimiento. ¿Qué pasará si, como parece, el PP veta la comparecencia de Rajoy? ¿El PSOE en ese caso volverá a la ponencia o mantendrá el plante y dará por roto el principio de acuerdo que apuntaba a una aprobación conjunta de la norma? Los populares, en cualquier caso, y pase lo que pase en la Diputación Permanente, no piensan cambiar su hoja de ruta, que tienen blindada gracias a la mayoría absoluta.

Pese al plante generalizado, los diputados del PP, junto al de UPyD, decidieron continuar con los trabajos de la ponencia que, en menos de una hora, incorporó al proyecto del Gobierno todas las enmiendas populares al capítulo 1, entre ellas la inclusión en las obligaciones de publicidad activa de la Casa Real y el Banco de España y de todas las entidades privadas que reciban subvenciones públicas superiores a los 100.000 euros.

El calendario se mantiene

Aunque prevén que las ausencias persistan, la ponencia tiene otra cita hoy por la mañana y ya prevé un nuevo calendario de reuniones para la semana próxima. El objetivo es tener el dictamen de la ley aprobado el 23 de julio, la fecha pactada por todos hace unos días.

El PP, a través del diputado Esteban González Pons, lanzó ayer una clara advertencia a los socialistas. Su partido va a aprobar esta ley antes de que termine el año con o sin el PSOE. González Pons describió en tono despectivo el plante y denunció que se trata de un seguidismo de PSOE e IU de la estrategia de Amaiur, así como un movimiento obligado por «el agobio» que las formaciones de izquierda tienen con los ERE de Andalucía, y aseguró que los tres grupos «han secuestrado la ley de transparencia para hacer ruido político» y se han limitado a representar «un sainete político».

El socialista José Enrique Serrano no pudo estar más en desacuerdo y sostuvo que el problema, tras la negativa de Rajoy a dar explicaciones sobre Bárcenas, es que «lo que da mala imagen es predicar una cosa -ley de transparencia- y hacer otra».

Más duro fue aún el diputado de Izquierda Plural, Joan Josep Nuet. «El PP está de corrupción hasta las cejas y lo que nos ofrece es un diálogo entre amigos para que miremos hacia otro lado», concluyó.