La defensa de los imputados en los ERE divide a la Junta

Un comentario acerca de un futurible va camino de convertirse en la mayor polémica dentro del Gobierno andaluz de coalición, que nunca ha podido ocultar sus diferencias a cuenta del caso de los ERE fraudulentos. Los pesos pesados del Ejecutivo mostraron ayer sus posturas irreconciliables en el caso. Mientras el vicepresidente Diego Valderas negó de plano que la Junta vaya a pagar la minuta de los altos cargos imputados en el caso, donde está personada como acusación particular, la consejera de Presidencia Susana Díaz veía «entendible» que se hiciera a posteriori con aquellos que quedasen absueltos.

La bronca saltó el martes, cuando el portavoz del Ejecutivo explicó que la normativa autonómica contempla la posibilidad de que funcionarios u altos cargos imputados por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones o por órdenes de un superior soliciten que la Junta asuma su defensa. «Es lo que dice la normativa», se escudó. El último auto de la juez Mercedes Alaya implicaba a una veintena de funcionarios y antiguos directivos de la Junta, de los cuales al menos cuatro siguen en la administración.

La cascada de reacciones, matizaciones a deshoras y pronunciamientos a favor y en contra no se hizo esperar. El Ejecutivo se vio obligado a enviar una nota a última hora de la noche matizando que la norma exige que, además de la petición, haya un informe previo de los servicios jurídicos y que la consejería pertinente lo autorice.

Pero la matización de la Junta no ha cerrado el debate. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, insistió ayer en que el Gobierno autonómico «no se va a hacer cargo de ninguna defensa» de dirigentes imputados ni de manera directa ni indirecta. Sin embargo, su compañera de Presidencia, Susana Díaz, no se mostraba tan rotunda y decía entender que «lo lógico y razonable» sería que se abonara la defensa a aquellos altos cargos que resultaran inocentes al final del proceso.