El Gobierno lleva el decreto antidesahucios al Constitucional

Casi al mismo tiempo que se conocía el informe europeo sobre el rescate a la Banca española, que rechaza explícitamente la norma, el Gobierno anunció que ya ha presentado el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto andaluz sobre el uso social de la vivienda. El TC decidirá hoy sobre su admisión a trámite que, en caso de ser afirmativa, paralizaría la aplicación de la medida durante cinco meses.

El recurso contra el llamado decreto antidesahucios era esperado desde que el pasado jueves el Consejo de Estado halló fundamentos jurídicos. Ayer la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, confirmaba que había tenido entrada en el registro del TC el martes. Crespo ofreció a la Junta de Andalucía una «vía de diálogo informal», aunque sin retirar la apelación al Constitucional, en respuesta a la petición de ésta de resolver las discrepancias en una comisión bilateral.

Críticas de Bruselas

Ayer mismo, el informe de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo sobre el rescate bancario español situaba el decreto andaluz entre las amenazas del programa, junto con la negociación de las preferentes o la sentencia sobre las cláusulas suelo. Para la CE, el decreto puede afectar negativamente a la Sareb, el conocido como «banco malo», tanto por las sanciones por casas vacías (calculadas en 200 millones de euros), como por ahuyentar a inversores y por consiguiente deteriorar el valor de la cartera de la entidad.

El informe, del que se hace eco la agencia Efe, añade que aproximadamente el 10 % de la cartera de activos transferidos a la Sareb se encuentra en Andalucía (6.000 viviendas), que se suman a 17.000 hogares con hipotecas que respaldan un préstamo.

La interposición del recurso de inconstitucionalidad sorprendió en la capital comunitaria a la consejera de Fomento, Elena Cortés, que había fijado citas con diversas instancias europeas para explicar el alcance del decreto.

Tras reunirse con Peter Grasmann, jefe de la Unidad de Mercados Financieros, y Tabeli Lathi, consejero del comisario de Asuntos Económicos, Oli Rehn, Cortés declaró que está convencida de que el Gobierno central «ha utilizado de forma tramposa a la UE como excusa».

Cortés lamentó que sólo se haya oído la versión del Ministerio de Economía sobre la norma y rechazó que, como ha dicho De Guindos, dificulte el acceso de los jóvenes a la vivienda, contraiga el crédito o dañe al sistema financiero: «Eso no es solo falso, sino que además resulta un diagnóstico cínico, cuando la caída del crédito se está acelerando pese al multimillonario rescate a la banca y cuando son las políticas neoliberales las que han conducido a los jóvenes a un callejón sin salida en materia de empleo y vivienda».

La consejera andaluza insistió en que el decreto es «constitucional de la A a la Z». No desestabiliza al sistema financiero andaluz ni español, dijo, «al contrario, lo que ha hundido el sistema, forzando a su rescate con dinero público, ha sido la especulación, sobre todo con la vivienda, el exceso de acumulación de riesgo crediticio y la morosidad, que va en aumento por un desempleo disparado por medidas tan funestas como la reforma laboral».

Elena Cortés exigió la retirada del recurso y la convocatoria de la comisión bilateral para llegar a un acuerdo. El Gobierno recurre, dijo, porque el decreto «funciona y da poder a la gente, es útil, tiene impacto social, beneficia a las víctimas de la crisis y llega donde ninguna otra norma ha llegado antes». Se preguntó qué va a pasar ahora con las familias que necesitan la ayuda que ofrece esta norma, que se paraliza. Recordó que el PP no votó en contra en el Parlamento andaluz y lamentó que este partido «no pinte nada en España ni tenga influencia en el Gobierno».