Díaz dice que lo «razonable» es pagar la defensa de los cargos absueltos en los ERE

El Gobierno andaluz se ha metido en un lío del que no sabe como salir ante la disyuntiva de pagar o no la defensa a los cargos y funcionarios imputados en el caso de los ERE. Según el reglamento de Organización del Gabinete Jurídico de la Junta, las autoridades y funcionarios de la administración tienen ese derecho, siempre y cuando lo soliciten y los servicios jurídicos lo consideren adecuado.

Ahora bien, la Junta de Andalucía es parte de la acusación y resultaría paradójico que los letrados de la administración autónoma fueran acusación y defensa a la vez. Para esto el propio reglamento contempla que se abone la minuta a un abogado privado.

Aún así la polémica ha trascendido de tal forma a las redes sociales, que la consejera de Presidencia, Susana Díaz, defendió una tercera vía no recogida en el reglamento: «Lo razonable y lo lógico -dijo- es que se abonara la defensa jurídica a los cargos que resultaran inocentes al final del proceso».

En cualquier caso la última palabra, según el reglamento, la tiene el titular de la consejería del que dependa el funcionario o alto cargo. En su caso, Díaz debería decidir sobre su viceconsejero, Antonio Lozano, imputado junto a otros veinte cargos y excargos de la Junta, y quien ya ha anunciado que recurrirá a la Audiencia Provincial el auto. El PSOE ya ha denunciado que la imputación de Lozano y otros excargos, como la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez, no se sostiene con ningún argumento jurídico.

A ello se refirió ayer la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, al afirmar que la Junta de Andalucía «no pagará la defensa de los corruptos», pero sí de otros cargos a los que se les atribuye responsabilidad en anomalías administrativas, caso de Álvarez. «En este caso sí», dijo. Pero Álvarez ya no es autoridad ni funcionaria de la Junta. El vicepresidente, Diego Valderas, se mostró taxativo: «La Junta no se va a hacer cargo de la defensa, ni directa ni indirectamente».

El PP de Andalucía exigió, por su lado, a la Junta que «por higiene democrática» deje de ejercer la acusación particular en el caso de los ERE fraudulentos porque de lo contrario «todo es una farsa». Durante una rueda de prensa en Málaga, la vicesecretaria de Empleo y Economía de la dirección regional de los populares, Carolina España, desafió al gobierno regional a que se «retrate» y decida entre ser acusación del caso o defensa de los imputados.

España censuró que la Junta pague la defensa de los imputados en los ERE con el dinero «de la educación, la sanidad y los servicios sociales» y sostuvo que esta postura obedece a una estrategia del presidente andaluz, José Antonio Griñán, para asegurarse su propia defensa «ante una posible imputación».