La Junta deberá pagar la defensa de los altos cargos imputados por Alaya si estos lo piden

La Junta de Andalucía tendría que pagar la defensa jurídica de los altos cargos de la administración autonómica y funcionarios públicos imputados por la jueza Mercedes Alaya en el caso de los ERE fraudulentos si aquellos lo solicitan, según admitió ayer el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, a preguntas de los periodistas.

El Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, en vigor desde finales del año 2000, establece, en iguales términos que el del Gobierno central, que los letrados de la Junta podrán «representar y defender» a autoridades y funcionarios «en toda clase de procedimientos judiciales», «siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores».

Ahora bien, en los casos en los que, «resultando procedente la defensa» pudiera existir incompatibilidad material por «la posición procesal que la Comunidad Autónoma haya de mantener en el mismo o en otros procedimientos», la Consejería competente, previo informe del gabinete jurídico, «podrá contratar los servicios de profesionales que se encarguen de la defensa».

La Junta de Andalucía es parte en el proceso de los ERE como acusación particular, por lo que los imputados no serán defendidos por los letrados de la administración, pero esta sí podrá sufragar la minuta de un abogado para la defensa privada de los mismos. Vázquez puntualizó que la petición no implica el abono de la minuta, ya que cada caso será estudiado por los servicios jurídicos para dar su conformidad.

Hasta ahora la Junta solo ha sufragado la defensa del exdirector general de Trabajo Daniel Rivera, pero al dejar el cargo asumió personalmente el pago de su abogado. La jueza Alaya ha citado, en un auto fechado el 28 de junio, como imputados a 20 cargos y excargos de la Junta de Andalucía de la última década, entre ellos la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez. Con anterioridad ya había imputado a otros diez.

Entre los cargos en activo están el ahora viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, que aparece en el listado del auto por su condición de exdirector general de Presupuestos desde 2002 a 2009; Jesús Rodríguez Román, consejero delegado de la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía SA (Veiasa); el director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Valverde, y Juan Luque Alfonso, interventor delegado en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. También hay cuatro altos funcionarios.

Ninguno lo ha pedido

Vázquez informó que ninguno ha solicitado el abono de la defensa, entre otras razones porque todavía el juzgado no les ha notificado la imputación, circunstancia que fue criticada por el portavoz del Gobierno. «Es el mundo al revés», dijo para subrayar que no es lógico que se entere la prensa antes de la imputación que los propios interesados.

Todos los procesados han anunciado que recurrirán el auto de la jueza a la Audiencia Provincial de Sevilla. La Junta no lo hará por ser parte de la acusación, por lo que «tiene que andar con pies de plomo», dijo Vázquez sin más explicaciones. La Junta intenta evitar que Alaya le expulse del caso como acusación. Pese a ello, el portavoz defendió el derecho del Gobierno a hacer públicas sus discrepancias con las decisiones de Alaya. En este sentido, calificó el auto de «inconsistente» desde el punto de vista jurídico porque «parece querer imputar delitos que no existen en el Código Penal».

La Fiscalía tampoco ha recurrido el auto, pero sí ha solicitado a la magistrada instructora que agilice la toma de declaraciones a los imputados «con un calendario razonable» para que se pueda proceder a la «concreción de los hechos delictivos que se le imputan». El escrito fiscal recuerda a la instructora que esta debe garantizar los derechos y garantías de los procesados según el artículo 24.2 de la Constitución.

No es la primera vez que la Fiscalía apremia a la jueza Alaya en este sentido. Alaya ha llegado a retrasar hasta dos años y medio la toma de declaración de varios imputados. En su escrito del pasado 28 de junio no llega a esclarecer ni concretar los delitos de los que acusa a los 20 imputados.