Hacienda abonará este mes 1.200 millones pendientes del plan de pago a proveedores

El Ministerio de Hacienda hará efectivo antes de que termine el mes de julio el abono de la segunda operación del plan de pago a proveedores, 1.200 millones de euros correspondientes a facturas pendientes de las administraciones públicas con empresas contratistas. El pago llegará con algo más de un mes de retraso respecto de la fecha que comprometió el Ejecutivo (primera quincena de junio) allá por el mes de febrero, cuando anunció la ampliación del programa tras el éxito que cosechó el año pasado.

Un portavoz del departamento que dirige Cristóbal Montoro atribuyó este retraso a dilaciones en su tramitación por motivos de atasco normativo que, en ningún caso, han alterado las condiciones de la iniciativa. Lo que sí ha variado de forma sustancial es el montante final a financiar mediante este mecanismo, 1.200 millones, muy inferior a los 2.628 millones ofertados por el Gobierno el día de su puesta de largo. Los acreedores «solo han presentado facturas por 1.200 millones», justificaron las fuentes de Hacienda consultadas.

La idea de poner en marcha una extensión del plan de pago a proveedores surgió a la conclusión del primer programa, ejecutado en 2012. El objetivo era aprovechar el remanente que quedó de los 30.000 milones que no fueron solicitados. El Consejo de Ministros decidió entonces ampliar el mecanismo a nuevas modalidades de contratos como concesiones administrativas, encomiendas de gestión, convenios, contratos de arrendamientos de inmuebles o contratos de colaboración público-privada. Además, esa segunda fase sirvió también para dar entrada en este mecanismo a las mancomunidades y a los municipios vascos y navarros, que habían quedado fuera de la primera por causas derivadas de sus regímenes forales. Igualmente, se permitió participar a municipios y comunidades autónomas acogidos en la primera fase con deudas con proveedores en alguna de las nuevas fórmulas.

La condición era que todas las facturas a abonar debían ser contabilizadas antes del 1 de enero de 2012. Hacienda explicó entonces que así evitaría, en el año del primer gran ajuste fiscal del período de Gobierno de Mariano Rajoy (40.000 millones), tener que financiar pagos que pudiesen implicar incrementos del déficit público, ya que todas las facturas a abonar estaban aplicadas a números rojos de años anteriores.

«Precio reducido»

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció el pago inminente de los 1.200 millones pendientes en unas declaraciones previas a su participación en los cursos de verano de la Universidad Complutense. Beteta celebró, además, que el Estado ha llegado ya a un acuerdo con las entidades financieras para captar esos fondos. «Se ha formalizado ya la operación con la banca y ha salido a un precio francamente reducido: el del (bono del) Tesoro más 80 puntos básicos». En consecuencia, explicó que «se va a proceder a llevar a cabo esta gran operación que contribuirá a que aquellos que han trabajado para la administración cobren aquello que se les debe».

Según cifras del Ministerio de Hacienda, la fase inicial del plan de pago a proveedores y su posterior extensión permitieron abonar, en total, 5.627.167 facturas pendientes de 149.172 contratistas de comunidades autónomas y entidades locales. El importe conjunto de esas obligaciones de pago ascendía a 28.460,14 millones de euros. Hacienda hizo públicos estos datos, que ya incluyen los 1.200 millones de euros a pagar este mes, el pasado mes de mayo. Es decir, antes incluso de proceder al abono de la segunda fase.

Del total contabilizado, 3.812.555 facturas pendientes habían sido reclamadas por 32.496 proveedores de comunidades autónomas, por un importe de 18.643 millones. El resto son 1.814.612 facturas presentadas por 116.676 contratistas de entidades locales, que sumaban más de 9.816 millones de euros.

El Consejo de Ministros aprobó el 28 de junio el tercer y último plan de pago a proveedores, en el que entrarán las facturas emitidas después del 1 de enero de 2012, hasta finales de mayo de 2013. Hacienda amplió ese plan a universidades e instituciones sin fines de lucro.