más ayudas de Estado concede al año

Ni con crisis, ni sin ella, las ayudas estatales siguen jugando un papel importante en la financiación de los principales sectores económicos y, a través de ellos, también de las propias empresas. Y es que aunque la Comisión Europea (CE) reconoce que los países de la UE han seguido «esforzándose en reducir los niveles globales» de esas aportaciones públicas, «una parte sustancial» del ajuste se debe «probablemente» a las condiciones presupuestarias «más difíciles» existentes «en numerosos Estados miembros», apuntan fuentes comunitarias.

En términos globales se observa una reducción moderada en el total de las ayudas no vinculadas directamente a la crisis, que han pasado de 73.918 millones de euros en 2008 a 64.295 en 2011, el 0,5% del Producto Interior Bruto de la UE (último año del que existen datos oficiales). La última cifra conocida no dista mucha de la registrada en 2007 (66.719) e incluso 2005 (67.457), antes de que se pensara incluso en la grave problemática económico-financiera en la que se vería inmersa poco después Europa. Más lejano en el tiempo queda el récord de 1997 (110.288 millones), aunque la segunda cantidad más alta se registró hace sólo media docena de años (92.627 en 2006).

Por todo ello, desde Bruselas no terminan de tener claro si esta tendencia a la baja persistirá en el tiempo o desaparecerá a largo plazo. «Queda por ver lo que pase en los próximos años», advierten las fuentes consultadas. Lo que sí tenemos son pistas de por dónde se van a ir moviendo la mayoría de los países. Y aquí aparecen con fuerza las ayudas destinadas a «objetivos horizontales de interés común», que incluye los estímulos estatales «no concedidos a sectores específicos de la economía», es decir, los que priman objetivos. Desde la Comisión reconocen que este tipo de apoyos, en la medida que es más difícil valorarlos como incompatibles con la competencia y el mercado interior, «dejan margen» a las autoridades para ser más permisivas en aras a autorizar «elecciones estratégicas».

Los tres principales objetivos de esas ayudas vienen siendo el desarrollo regional, la protección del medio ambiente -incluido el ahorro energético y las renovables- y las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). También destacan los apoyos a la pequeña y mediana empresa (pyme), los incentivos a la creación de empleo y la promoción de la formación. Así, de los 52.900 millones de euros que recibieron la industria y los servicios desde los Estados de la UE en 2011, el 89,7% se destinaron a «objetivos horizontales», es decir, que solo uno de cada 10 fue a una compañía o a un segmento concretos (automoción, aerolíneas, telecomunicaciones...).

Recuperar y recurrir

Si se excluyen las partidas destinadas al sistema financiero -1,6 billones de euros entre 2008 y 2011, de los que 714.700 millones (el 5,7% del PIB europeo, 11 veces más que las destinadas al resto de sectores económicos) se emplearon ese último año-, España destaca como el cuarto país de la UE que más ayudas estatales concede, con 4.531,8 millones de euros en 2011, el 60% como subvenciones directas (la mayoría para la industria) frente al 52% de la media europea. Una cifra cercana a la del Reino Unido (4.812 millones), aunque tres veces menor a las de Alemania (13.621) y Francia (12.356). Por detrás quedan otros países con serios problemas económicos, como Italia (3.806), Polonia (2.823) y Grecia (2.593), aunque también algunos nórdicos críticos con el «excesivo» gasto público de los Estados del sur, como Suecia (3.023) y Finlandia (2.343). En el extremo contrario, los más pequeños, como Bulgaria (37) y Estonia (51) y Malta (102).

España también encabeza otra lista, la de los Estados a los que la CE tiene abiertos más expedientes para la recuperación de ayudas estatales; en concreto, 12 hasta el final del primer semestre de 2012, solo por detrás de Italia (16) y por encima de Grecia (8), Francia (7) y Alemania (6). Entre 2000 y 2011, Bruselas inició 986 expedientes de ese tipo, que concluyeron en que un 3% del total de esas aportaciones públicas eran ilegales, lo que permitió recuperar hasta 13.500 millones de euros.

No obstante, la mayoría de las ayudas concedidas (el 88%) «no son examinadas individualmente» por la Comisión. Su control es posterior y más bien de «supervisión», de manera que en más de un tercio de los asuntos analizados entre 2011 y 2012 encontró «anomalías o irregularidades». La última palabra la tendrá el Tribunal de Justicia de la UE.