LA AGUAFIESTAS

Cuando todo estaba preparado para asistir a un mes de 'agitprop' en torno a la regeneración socialista, con silla de pista para contemplar la metamorfosis de la crisálida y el despliegue de las alas de la mariposa, la jueza Alaya golpeaba en el plexo solar al Gobierno y al PSOE-A y les dejaba sin respiración. Como una gota malaya, la magistrada horada la moral socialista y lo hace esta vez en un momento especialmente sensible, cuando quiere despuntar un tiempo nuevo, otra generación que no tuvo responsabilidades en las décadas enjuiciadas. El golpe del auto del martes no sólo les duele por eso, también porque anticipa otros golpes definitivos, ya con toda evidencia, y porque ha tocado a altos funcionarios que están en el núcleo duro y gozan de prestigio y de aprecio por una trayectoria de servicio público intachable.

Sorprende, pues, la actuación de los servicios jurídicos de la Junta que hasta ahora no se puede decir que se estén luciendo. Desde San Telmo piden consejo a otros expertos juristas por encaminar sus próximos pasos y atinar, dentro de lo imprevisible del rumbo de la instrucción.

El Gobierno autonómico, que ejerce la acusación particular en la causa, puede técnicamente recurrir las imputaciones, pero se arriesga a dar bazas a Alaya para que le expulse del caso, como hizo Ruz con el PP en la instrucción contra Bárcenas, ya que parecía que más que acusar, defendía al extesorero ahora encarcelado.

Sin embargo, los juristas consultados creen que hay argumentos de sobra para impugnar un auto que consideran «muy flojo», más en una jueza que se distingue por su prolijidad. Sobre todo opinan que su decisión de parar en 2004, para evitar que sus argumentos le obliguen a imputar aforados, y perder la competencia sobre la causa, puede considerarse una instrumentalización del proceso, que llegaría a acarrear sanción. Queda por ver quién le pone el cascabel al gato. Aunque como en todo pleito, hace falta tener razón, argumentarla y que te la den.