Venta de humo

La acción comercial que lleva a cabo la dirección de Navantia para lograr contratos y resucitar los astilleros públicos parece, más bien, una novela por entregas sin un final claro. Los anuncios sobre una inminente carga de trabajo tienen la misma credibilidad que un culebrón venezolano, que estira el guion sin aportar nada concreto. En poco menos de seis meses hemos asistido a un golpe de timón en la estrategia de Navantia que, lejos de generar confianza, lo que ha provocado son más dudas. A finales del pasado septiembre, el presidente de la compañía, José Manuel Revuelta, y su consejero delegado, Jaime de Rábago, que dimitió el mes pasado por discrepancias con el propio Revuelta, visitaron Cádiz para tranquilizar los ánimos de la plantilla y anunciar a bombo y platillo que había dos grandes contratos al alcance de la mano. Ambos acuerdos solo necesitaban de un empujón institucional para lograr su firma. Se trataba, por un lado, de la oferta abierta en Catar para renovar su flota y, por otra parte, de la posible venta a Venezuela de dos patrulleros más. Las dos iniciativas han ido navegando en el tiempo hasta que se han diluido como el humo de tabaco. La dirección de la compañía ya no habla de Catar ni de Venezuela. La abdicación del emir en su hijo ha enfriado el asunto catarí, mientras que la muerte de Hugo Chavez desmontó cualquier inversión en España del país caribeño. Sin embargo, la telenovela de Navantia ha seguido su curso y en los últimos días ha desviado el argumento y, por tanto, la atención hacia dos nuevas posibilidades de negocio. El presidente de la compañía, ayudado por el Gobierno de la Nación, ha olvidado los fiascos de Catar y Venezuela para anunciar la probable construcción de cuatro gaseros para el consorcio empresarial español Repsol-Gas Natural. De momento, sólo es un anuncio que no tiene fecha en el calendario pero mantiene viva la esperanza de la salvación de los astilleros gaditanos. El segundo anuncio se produce justo cuando la Unión Europea reclama al sector naval español la devolución de las ayudas que recibió entre 2002 y 2010 para la construcción de barcos civiles, el denominado ‘tax lease’. Bruselas y, en este caso el comisario de la Competencia de la UE, el socialista Joaquín Almunia, ha puesto el dedo en la herida al exigir el reembolso de unos 3.000 millones de euros en bonificaciones fiscales obtenidas por los astilleros públicos y privados españoles durante ocho años. El ‘tax lease’ era una herramienta de financiación legal que, pese a todo, España no utilizó de acuerdo con la ley de Competencia europea, ya que blindó los concursos públicos de construcción naval e impidió que otros países presentaran oferta. Ahora, holandeses y noruegos piden cuentas. En este contexto, Navantia, por boca del PP, se ha hecho eco de otro posible contrato con Estados Unidos para reparar en Cádiz los cuatro destructores que participarán en Rota en la puesta en marcha del escudo antimisiles. Ese anuncio, aún sin confirmar, suena a cortina de humo para desviar la atención. Si los contratos de Catar y Venezuela son ahora papel mojado, ¿por qué tenemos que creer a pies juntillas que la construcción de cuatro gaseros y la reparación de cuatro destructores es inminente? Navantia lleva un año vendiendo humo.