BIENVENIDA

En el último Consejo de Ministros se aprobó el proyecto de ley del Mercado Único y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, lo presentó como un gran logro. Creo que lo es. Lo que no entiendo es cómo hemos llegado a una situación tal en la que lo lógico, lo sensato y lo razonable se convierte en algo extraordinario. La futura ley derriba unas murallas que jamás debieron haber sido levantadas y restablece una situación que nunca debió ser abandonada. En adelante, los productos legalmente fabricados y consumidos en una comunidad autónoma deberán ser admitidos para su distribución legal en cualquier otra.

Esto no es un descubrimiento asombroso ni una novedad inesperada. Era algo que se venía pidiendo desde los más variados sectores económicos desde el mismo momento en que dejó de ser una realidad entre nosotros. A modo de ejemplo, esto existe en la Unión Europea desde hace décadas, desde que se emitió allá por 1979 la famosa sentencia del 'casáis de dijo', de la que, por cierto, no he oído quejarse jamás a ningún gobierno autónomo. Al parecer, cuando armoniza Bruselas es algo conveniente y, sin embargo, cuando lo hace Madrid resulta intolerable.

En la UE se venía de una situación histórica de diversidad nacional que fue necesario unificar para hacer efectiva la libre circulación de mercancías, lo que constituye el primer pilar del proyecto. Pero aquí partimos de leyes armonizadas que se fueron desencuadernando según avanzaba la configuración del Estado de las autonomías, se exacerbaron los ánimos legislativos y se exaltaron las particularidades vecinales. En el proceso de elaboración de este proyecto el Gobierno ha cuantificado en más de un millón y medio el número de páginas de boletines oficiales existentes cuando a Francia, por ejemplo, le basta con la tercera parte para un 50% más de población. Toda una locura.

A nosotros, o mejor dicho a nuestros dirigentes, no les gustan las armonizaciones. Ni siquiera las más lógicas. ¿Tiene algún sentido que el consumidor extremeño necesite una protección diferente a la de uno andaluz u otro gallego? No creo. Sin embargo, el viernes se hicieron muchas declaraciones desde diversas comunidades; desde el País Vasco y Cataluña, por supuesto, pero no solo. Todas calificaban la iniciativa como un desprecio por la autonomía y una clara invasión de sus competencias y, a su vez, la enmarcaban dentro de un imperecedero afán centralizador. Pero nada de eso. En todo caso se trata de un aprecio por el sentido común y de volver a la cordura.

Por su parte, Sáenz de Santamaría replicó que era una ley que a todos beneficiaba y a nadie perjudicaba. Tampoco es cierto. Perjudica a los cientos de políticos y funcionarios que se entretienen ideando nuevas formas para aumentar la 'biodiversidad' normativa de sus dominios. Perjudica a los cientos de asesores que les ayudan y a los cientos de consultores que aconsejan a aquellos. En suma, toda una pléyade de perjudicados. Y para encontrar a los beneficiarios hay que repasar las declaraciones del ministro de Economía, Luis De Guindos, quien calculaba que la medida impulsará un 1,5% el PIB al incrementar la competencia, aumentar las posibilidades de venta y reducir los trámites de acceso a los mercados autonómicos. De eso, si que nos falta. Así que, por ello, sea bienvenida la futura ley.