Rubalcaba acepta poner un límite a la solidaridad entre territorios como cesión al PSC

Alfredo Pérez Rubalcaba cree haber logrado el consenso de sus barones en torno a la reforma constitucional del Estado autonómico, pero nadie las tiene todas consigo. En el camino al Consejo Territorial que el PSOE celebra hoy en Granada, la dirección del partido ha hecho una concesión al PSC de la que varias federaciones recelan, la introducción en la Carta Magna de una limitación al sistema de solidaridad interterritorial para garantizar que, al ser aplicado, no se altere la posición inicial de las comunidades autónomas en recursos per cápita.

Este era uno de los aspectos clave de la reforma del Estatuto de Cataluña aprobada en el Parlamento en 2006 y uno de esos asuntos que el Tribunal Constitucional avaló, al menos parcialmente, en la sentencia interpretativa con la que respondió al extenso recurso del PP. El entonces primer partido de la oposición entendía que el llamado 'principio de ordinalidad', común en culturas federalistas como la alemana, quebraba el sistema de solidaridad y «congelaría» la dinámica de transferencia de rentas. Pero la corte no lo entendió así.

La Constitución establece, según la sentencia, que el Estado debe garantizar un equilibrio económico «adecuado y justo» entre las diversas partes del territorio español y concluye que esa «adecuación y justicia (...) no puede redundar para las más ricas en mayor perjuicio que el inherente a toda contribución solidaria para con las menos prósperas». Es «en esos términos», según Rubalcaba, como el PSOE acepta la demanda de los socialistas catalanes.

Lo cierto es que el principio de ordinalidad ya había sido incluido en un primer documento de trabajo de Ramón Jáuregui, encargado de coordinar la propuesta federalizante del sistema autonómico, pero tuvo que ser excluido después debido a los reproches de barones como el extremeño, Guillermo Fernández Vara o el castellano-manchego, Emiliano-García Page. Tampoco a la federación asturiana la idea le ha gustado nunca y algo similar pasa con la gallega. Los andaluces, reticentes en un primer momento, estarían dispuestos a aceptarla con matices, o sea, si a la par se cierra el abanico entre las comunidades con mayor capacidad financiera y las que menos recursos tienen.

Voluntad de pacto

A su favor, Rubalcaba tiene que nadie acude a esta cumbre de líderes territoriales con voluntad de escenificar un enfrentamiento. Es más, no son pocos los barones que, en privado, cuestionan la decisión de meterse en un 'charco' tan complejo y tan difícil de explicar a los ciudadanos como el de la reforma constitucional cuando se está en la oposición y la situación económica lo devora todo. Y eso hace que, en su mayoría, sean partidarios de dejar el documento en meras pinceladas sin hacer mucho ruido.

El PSC, en cambio, necesita una bandera de enganche para sus electores. En las últimas semanas, Pere Navarro se ha reunido con los demás barones para explicar sus dificultades. Su argumento, según fuentes conocedoras de esos encuentros, es que está en condiciones de encauzar el repunte soberanista que vive Cataluña, pero necesita ayuda.

La reforma constitucional es el salvavidas lanzado por Rubalcaba que, en todo caso, ha puesto límites claros a las demandas de los socialistas catalanes, ni admite las «consultas territorializadas», puerta para un referéndum sobre la independencia, ni acepta definir a España como Estado «plurinacional». El PSC, sin embargo, se da por satisfecho porque sí se reconoce la «singularidad» de su comunidad.

El líder del PSOE insistió en que es «optimista» sobre la posibilidad de que también el resto de dirigentes se suban al carro. Y recordó que, además de cuestiones particulares, uno de los pilares de su propuesta es la inclusión en la Constitución de una garantía de igualdad en la prestación de servicios públicos y la creación de un fondo similar al de las pensiones para preservar el Estado social.