Una sola licencia autonómica bastará para vender cualquier producto en toda España

Las empresas podrán comercializar sus productos y servicios en todo el territorio nacional con una sola licencia administrativa, emitida por cualquiera de las diecisiete comunidades autónomas, que bastará para operar dentro de la legalidad en el resto. El proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que ayer recibió el visto bueno del Consejo de Ministros, nace con una clara vocación desreguladora: busca poner fin a la actual maraña legislativa de miles de normas estatales, autonómicas y municipales, a veces contradictorias entre sí, que dificultan la libre circulación de bienes y servicios por todo el país. El texto faculta a las empresas para impugnar ante las autoridades reguladoras de los mercados y de la competencia cualquier norma que en el futuro fragmente el mercado. En caso de conflicto, la Audiencia Nacional tendrá la última palabra.

La ley está inspirada en el modelo aplicado desde hace más dos décadas en la Unión Europea para garantizar la libre circulación de bienes y servicios entre estados miembros. Aunque su tramitación estaba parada desde enero, cuando el Ejecutivo dio luz verde al anteproyecto, ha decidido elevarla a las cortes para su tramitación urgente tras recibir, según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quince informes preceptivos y el aval del Consejo de Estado. El Gobierno calcula que la eliminación de trabas legislativas y burocráticas derivadas de su aplicación provocará durante los próximos diez años un incremento de la actividad equivalente a 1,5 puntos de PIB (unos 15.000 millones de euros). Es decir, unos 1.500 millones de euros por año, explicaron la vicepresidenta y el ministro de Economía, Luis de Guindos.

La base de la reforma son los principios de licencia única y de legislación de origen. En líneas generales, pretende crear un sistema «de confianza mutua» en el que cualquier artículo producido al amparo de la legalidad de una determinada comunidad pueda ser ofertado en todas las demás sin trámites adicionales como licencias de ámbito regional o requerimientos en materia de especificaciones técnicas, envasado o etiquetado. Aunque pueda parecer exagerado, la legislación hoy en vigor podría avalar que una botella de agua mineral requieriese 17 etiquetados distintos, por citar un ejemplo. De ahí que Luis de Guindos definiese esta reforma como «el principio del pasaporte único», que beneficiará sobre todo a las pymes porque podrán «actuar en toda España independientemente de la comunidad en que estén domiciliadas».

Críticas y apoyos

Las empresas celebran la reforma, que solo ha recibido críticas directas de los gobiernos de Andalucía, Cataluña y País Vasco. Las comunidades autónomas gobernadas por partidos nacionalistas la rechazan de plano por ver en ella una invasión masiva de sus competencias. Andalucía, por su parte, teme que pueda dejar al consumidor desprotegido si las empresas deciden acudir a domiciliarse allá donde la normativa autonómica sea más laxa. En los casos catalán y andaluz -el ministro de Economía ni mencionó los reparos de Euskadi- De Guindos aseguró que su objeciones ya han sido «debidamente contestadas» por la Abogacía del Estado.

La Federación de Autónomos (ATA) considera la iniciativa «un gran avance» de cara a eliminar trabas y mejorar la competitividad de autónomos y empresas. Por su parte, las grandes compañías de distribución (Anged) -sometidas a legislación autonómica en materia de aperturas de grandes superficies, cuestiones de las que esta ley no se ocupa- creen que es un primer paso «fundamental» para desenmarañar toda la normativa que, de forma directa o indirecta, acaba por afectar a la actividad comercial y empresarial.

Un discurso que coincide con el de Luis de Guindos, quien en su presentación del proyecto defendió «eliminar regulación inútil, que en última instancia está dificultando nuestra competitividad, la inversión extranjera y que las empresas ganen escala». El ministro de Economía asegura que el Gobierno ha «identificado» unas 6.000 normas que afectan a 28 sectores de la actividad y que pueden tener impacto en la unidad de mercado. De ellas, unas 1.700 son de carácter estatal y el resto autonómicas o locales.

La nueva ley limita los supuestos en que las administraciones territoriales pueden someter a un régimen de autorización el ejercicio de actividades económicas. En adelante, solo podrá exigirse por razones como la salvaguarda del orden público o la protección del medio ambiente. Además, crea un Consejo de Unidad de Mercado presidido por el Ministerio de Hacienda, que supervisará la aplicación de la reforma.

En paralelo, se crea un sistema de resolución de conflictos. Los empresarios que crean vulnerado su derecho a que sus productos circulen sin trabas por todo el mercado interior podrán acudir a la Comisión Nacional de los Mercados y de Competencia (CNMC), que podrá iniciar un proceso contencioso-administrativo. La CNMC podrá recurrir a la Audiencia Nacional cualquier acto que considere que vulnera la unidad de mercado. Dicho recurso paralizará durante un mínimo de tres meses la aplicación de la norma en cuestión, hasta que el tribunal resuelva.