Los dependientes menores de 3 años tendrán ayudas específicas

Los menores de 3 años dependientes contarán con un plan específico de ayudas y actuación en materia sanitaria y de servicios sociales. Así lo acordaron el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales celebrado ayer en el que también se aprobó el nuevo sistema información sobre beneficiarios para mejorar la coordinación entre administraciones y evitar la duplicidad de expedientes o el registro erróneo de dependientes.

En España hay 5.900 menores de 3 años con alguna discapacidad que han solicitado la ayuda a la dependencia, aunque solo ha sido reconocida a 2.339. Sin embargo, sus necesidades específicas derivadas de su corta edad no se desarrollaron en la ley a pesar de estar previsto en la normativa. El plan integral de atención a estos menores dependientes aprobado ayer contempla prestaciones económicas específicas o subvenciones para adaptar el domicilio familiar a las necesidades del menor. «Se establece un marco normativo básico con criterios comunes en todo el territorio para garantizar una atención temprana como servicio público, universal y gratuito», aseguró la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato.

El plan, que no tendrá una dotación presupuestaria adicional, también reservará plazas en escuelas infantiles o centros de atención socioeducativa. Por su parte, los cuidadores recibirán una formación especializada en estos casos y se desarrollarán programas de apoyo. La viabilidad del programa depende en gran medida de las comunidades autónomas puesto que forman parte de sus competencias. En cualquier caso, la intención del Ministerio es que empiece a funcionar «cuanto antes».

Por otra parte, el Consejo Territorial también aprobó el nuevo sistema informático de base de datos (una modificación del SISADD actual) para reforzar el control sobre los dependientes y evitar un desfase entre los beneficiarios reales y los registrados, como puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas al detectar hasta 40.000 fallecidos que aún continuaban inscritos como beneficiarios con el consiguiente desembolso incorrecto de prestaciones por parte del Estado a las comunidades autónomas.

El Ministerio pedirá ahora a las comunidades hasta medio centenar de datos obligatorios de los beneficiarios de prestaciones como la fecha de solicitud de la ayuda, la fecha de la concesión y de la efectividad de ese derecho -cuándo empieza a recibir la prestación- o la renta del beneficiario. Si estos datos están incompletos, el Estado no aportará la cuantía correspondiente al nivel mínimo de dependencia de ese beneficiario. Además, según el borrador de la normativa, «se expedirá mensualmente una certificación relativa a los datos incorporados por un responsable autonómico «con rango al menos de director general». De esta manera se pretende fijar un responsable último de la información entregada.

«Lo importante es que el nuevo sistema no merme el servicio de los beneficiarios», aseguró la Consejera de Familia e Igualdad de Castilla y León, Milagros Marcos, a su llegada al Ministerio. Y es que uno de los peligros es que por un error de la administración al transferir los datos, el perjudicado sea el beneficiario. Para tratar de evitar estos casos, el Imserso (el órgano encargado de gestionar esas ayudas) cotejara los datos con la Policía y los juzgados.

Vuelta de tuerca

Sin embargo, algunas comunidades como Andalucía o Asturias ven en esa maniobra una nueva vuelta de tuerca del Gobierno para dificultar el acceso de más dependientes a las ayudas. Tampoco ha gustado el informe de evaluación sobre el desarrollo de la ley de dependencia en el último año. Un dictamen «triunfalista» para la consejera de Andalucía, María Jesús Montero: «Intentar vender como un avance este último año de desarrollo de la ley es, en palabras de la consejera, un fraude y un engaño a los ciudadanos».

En cualquier caso, el Ejecutivo espera tener en marcha este sistema en el último trimestre del año para los beneficiarios de nuevo acceso. Para el caso de los dependientes ya inscritos, se fija un plazo de un año para revisar toda la información existente y completarla con los nuevos datos obligatorios.

Por último, el Ministerio informó sobre los nuevos criterios para repartir las subvenciones recaudas por el IRPF en la casilla de fines sociales, cuyo importe se estima en 211 millones de euros. Tendrán prioridad las asociaciones que ayuden en la erradicación de la pobreza, especialmente la infantil, la discapacidad y la exclusión social. Además, la ministra Ana Mato destacó la importancia de incluir a las ONG en el nuevo plan de pago a proveedores que incluirá 1.000 millones en transferencias a las entidades que desarrollen proyectos de ayuda a las familias, infancia, mayores y personas con discapacidad.

menores de 3 años con alguna discapacidad han solicitado las ayudas de dependencia, aunque solo se han reconocido a 2.339.