Un imputado en los ERE señala a Zarrías en la trama de Jaén

La juez que investiga el caso de los ERE sigue estrechando el cerco sobre el Ejecutivo andaluz e indaga ahora sobre la participación del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías en la concesión de ayudas. El responsable del bufete que participó en la tramitación de los expedientes y incluso adelantó pagos directos a empresas señaló ayer que el diputado socialista se interesaba por las ayudas a las empresas de Jaén y era a quien «se acudía para buscar soluciones» para sociedades de esa provincia.

Tras analizar toda la información incautada en el despacho de abogados, Mercedes Alaya retomó ayer las declaraciones a los implicados en la operación Heracles del pasado marzo con el letrado Carlos Leal. A preguntas de la juez, éste señaló que el exsindicalista Juan Lanzas, colaborador de su despacho, le informó de reuniones en sedes oficiales con representantes de empresas de Jaén o con planes para instalarse allí, como las del grupo Nueva Rumasa, y en la que también participarían otros consejeros que no supo identificar.

Fuentes judiciales explicaron que Mercedes Alaya le imputa los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita y malversación impropia. Estima que tuvo «un rol delictivo» en la trama que se remonta a 1999, fecha en la que la juez entiende que se iniciaron las irregularidades en el pago de las ayudas a empresas en crisis.

Las irregularidades cometidas por el despacho de abogados se repartirían en varios apartados. Estudio Villasís habría asesorado laboralmente a una de las mediadoras implicadas en la trama y a las asociaciones de trabajadores en algunos de los expedientes de regulación de empleo cuestionados por la inclusión de 'intrusos' o personas ajenas. No obstante, según un atestado de la Guardia Civil, no se sabe cuál fue su papel «concreto» e, incluso, habría podido sobredimensionar su actividad para incrementar sus honorarios. En este sentido, el propio Leal explicó ayer en un receso que sus servicios fueron sufragados por los trabajadores beneficiados con cargo al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), no con dinero público.

Pero el bufete también habría tenido un contacto directo con la Dirección General de Trabajo que comandaba Javier Guerrero, quien habría concertado con Estudios Villasís el pago de ayudas directas a empresas ubicadas sobre todo en la comarca sevillana de donde procede Guerrero.

La juez también preguntó a Carlos Leal por la intervención que pudo tener el exconsejero de Presidencia y diputado del PSOE por Jaén en el Congreso Gaspar Zarrías en el expediente de Primayor, una las empresas bajo investigación por los ERE. Fuentes del caso indicaron a Efe que el letrado aseguró que Zarrías «era el político que se interesaba y al que se acudía» a fin de «solucionar los problemas de Primayor y de las empresas de la zona de Jaén».

Por otra parte, la juez Alaya ordenó ayer un nuevo bloqueo de las cuentas del exsindicalista y 'conseguidor' Juan Lanzas, en prisión hasta que pague una fianza de 450.000 euros, y de su cuñado Ismael Sierra. Lo hizo horas después de que la Audiencia de Sevilla anulase el auto con el que la magistrada ordenó hace varios días idéntica diligencia, por entender que la decisión inicial de Alaya carecía de motivación.

Lanzas fue encarcelado el pasado mes de marzo al estimar la juez que participó en la inclusión de hasta 24 intrusos en los ERE y que ganó más de 13 millones de euros en sobrecomisiones a través de un entramado de empresas pantalla creadas para ocultar esos ingresos. Su defensa pidió el desbloqueo de las cuentas intervenidas, una veintena, porque parte de las mismas estaban a nombre de sus padres. La audiencia provincial atendió en parte estos argumentos y dictó la nulidad de la primera orden judicial por la indeterminación de los productos bancarios y sus titulares, ya que el auto no especificaba a qué personas afectaba dicho bloqueo de las cuentas y, por tanto, se vulneraban los derechos de los recurrentes.

No obstante, a las pocas horas de recibir la resolución de la audiencia, la juez corrigió esas deficiencias y volvió a emitir un auto bloqueado todas las cuentas y productos bancarios.