La fianza civil de los 28 millones de Bárcenas ya se ha quedado corta

Los continuos descubrimientos sobre la fortuna oculta de Luis Bárcenas en el extranjero han llevado a la Audiencia Nacional a replantearse todos sus cálculos. El juez Pablo Ruz, en una providencia a la que ha tenido acceso este periódico, acaba de pedir a la Agencia Tributaria que elabore un pormenorizado análisis de las cantidades totales defraudadas por el extesorero del PP y su mujer Rosalía Iglesias con el fin de establecer una fianza civil que sirva de garantía a las responsabilidades pecuniarias derivadas de una más que probable condena.

Ruz da a entender que considera que los 28,1 millones de euros que solicitó la Fiscalía el pasado 27 de junio como caución civil se han quedado desfasados, sobre todo después de que la última comisión rogatoria haya elevado de 22.144.832 euros a 48.292.341 euros su capital en Suiza tras el descubrimiento de tres nuevas cuentas en el banco Lombard en las que guardaba de 26.929.851 euros a nombre de la sociedad pantalla uruguaya Tesedul.

Cuando Anticorrupción solicitó esa millonaria fianza, explican fuentes judiciales, no se tuvieron en cuenta las cantidades ocultadas al fisco en Lombard y solo se utilizó como referencia el dinero en el primero de los bancos, el Dresdner.

Esta misma semana, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), después de rehacer los números, informó al juez de que solo en 2007, el extesorero del PP defraudó a Hacienda 3.148.807 euros en la declaración de IRPF y en Impuesto sobre el Patrimonio, 2,1 millones más de lo que se creía antes del descubrimiento de las cuentas de Tesedul en el Lombard.

Ante este nuevo panorama, la idea de Ruz es clara: «Con carácter previo a resolver sobre la procedencia de apertura de pieza separada de responsabilidades pecuniarias e imposición de fianza» que ha pedido la Fiscalía Anticorrupción, se hace imprescindible «requerir a la unidad de auxilio de la Aeat (Agencia Tributaria) a fin de que con carácter urgente y a la mayor brevedad» un nuevo informe «en relación a las cuotas presuntamente defraudadas por el imputado Luis Bárcenas por los conceptos del IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios 2002, 2003 y 2007, así como por el concepto del IRPF del ejercicio 2006 respecto de la imputada Rosalía Iglesias».

El instructor ordena particularmente a Hacienda que «proceda a calcular los respectivos intereses de demora que habrían de añadirse a cada una de las cuotas presuntamente defraudadas», actualizando esos datos hasta la fecha de hoy y teniendo en cuenta que las autoridades suizas ya han avisado de que la fortuna que llegó a esconder en ese país era más del doble de lo que se creía hasta hace unas semanas.

Promesa

El propio Ministerio Público ya empezaba a ser consciente de que su petición de 28,1 millones de euros para el exsenador había sido superada por los hechos. Ayer, el máximo responsable la Fiscalía, Eduardo Torres-Dulce, se mostró abierto a hacer un nuevo informe a la vista de que la propia ONIF, y solo referido a 2007, haya triplicado lo defraudado. «No sé si la contemplamos previamente en la petición (de la ONIF) u obligaría a modificarla», reconoció el fiscal general del Estado, quien garantizó que «si no lo hubiéramos contemplado, no duden ustedes que el Ministerio Fiscal va a operar sobre estos nuevos descubrimientos patrimoniales».

La cifra de los 28 millones a la que había llegado Anticorrupción se desglosaba en diez millones de euros por fraude fiscal en su declaración de la renta y del patrimonio de 2002, 2003, 2006 y 2007; otros once millones por el ilícito de blanqueo; y 108.000 euros por el delito de cohecho. A estas partidas, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hay que sumar una tercera parte más, lo que lleva a la cifra de 28,1 millones.