Alaya apunta a Zarrías en el interrogatorio del abogado imputado Carlos Leal

La jueza que investiga el caso de los ERE fraudulentos retomó ayer las indagaciones acerca del cobro de sobrecomisiones en la tramitación de los expedientes e imputó hasta siete delitos al responsable de un despacho de abogados que asesoró a empresas mediadoras y asociaciones de trabajadores, que incluso habría realizado pagos directos a firmas en concepto de adelanto por orden de la Dirección General de Trabajo de la Junta.

La declaración de Carlos Leal Bonmati, socio director del bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís, se prolongó durante toda la jornada y concluyó pasadas las ocho y media de la tarde, para continuar mañana. Es la última de las citaciones y detenciones realizadas el pasado mes de marzo en el transcurso de la 'operación Heracles'. El análisis de la abundante información incautada en su despacho retrasó su comparecencia hasta ahora.

Pregunta por Zarrías

Durante el interrogatorio, Alaya volvió a apuntar al ex consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías. La magistrada preguntó a Carlos Leal por la participación del dirigente socialista en las negociaciones de varias empresas. Según fuentes jurídicas, Leal afirmó que 'el conseguidor' Juan Lanzas le dijo que los problemas se solucionaban siempre en comidas con Zarrías en la Casa Rosa, entonces sede de la presidencia de la Junta de Andalucía.

Esta intervención se habría producido en los expedientes de Primayor y de Dhul. En este último caso, también participaron en los almuerzos el empresario José María Ruiz Mateos y uno de sus hijos, además de algún otro consejero andaluz que Leal no ha identificado.

Fuentes judiciales explicaron que Alaya imputa a Carlos Leal los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita y malversación impropia. Estima que tuvo «un rol delictivo» en la trama que se remonta a 1999, fecha a la que la jueza ha ampliado su indagación.

Las irregularidades cometidas por el despacho de abogados se repartirían en varios apartados. Estudio Villasís habría asesorado laboralmente a una de las mediadoras implicadas en la trama y a las asociaciones de trabajadores en algunos de los expedientes de regulación de empleo cuestionados por la inclusión de 'intrusos' o personas ajenas. No obstante, según un atestado de la Guardia Civil, no se sabe cuál fue su papel «concreto» e, incluso, habría podido sobredimensionar su actividad para incrementar sus honorarios. En este sentido, el propio Leal explicó en un receso que sus servicios fueron sufragados por los trabajadores beneficiados con cargo al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), no con dinero público.

Pero el bufete también habría tenido contacto directo con la Dirección General de Trabajo que comandaba Javier Guerrero, quien habría concertado con Estudios Villasís el pago de ayudas directas a empresas ubicadas sobre todo en la comarca sevillana de Javier Guerrero.

Defectos formales

Por otra parte, la juez Alaya reaccionó con rapidez a la decisión de la Audiencia Provincial de anular su decisión de bloquear las cuentas bancarias de Juan Lanzas, el llamado 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT, y de su cuñado Ismael Sierra. Ha sido la primera vez que la magistrada ve rechazado uno de sus autos en este sumario por la instancia superior, según fuentes del caso.

Mercedes Alaya dictó un decreto de embargo ayer mismo en el que subsanaba la «falta de motivación» en que se basaba la Audiencia para anular su auto de abril pasado. En su nueva resolución, la jueza identifica de forma más concreta tanto a los titulares de las cuentas como de los productos bancarios y financieros bloqueados de los dos imputados.

Lanzas fue encarcelado el pasado mes de marzo al estimar la jueza que participó en la inclusión de hasta 24 intrusos en los ERE y que ganó más de 13 millones de euros en sobrecomisiones a través de un entramado de empresas pantalla creadas para ocultar esos ingresos. Su defensa pidió el desbloqueo de las cuentas intervenidas, una veintena, porque parte de las mismas estaban a nombre de sus padres.

La Audiencia atendió en parte estos argumentos y dictó la nulidad de la primera orden judicial por la indeterminación de los productos bancarios y sus titulares, ya que el auto no especificaba a qué personas afectaba dicho bloqueo.