Setenta personas salen cada día del sistema de atención a la dependencia

Cada día son expulsados 70 beneficiarios del sistema para la atención a la dependencia. Un dictamen elaborado por el Observatorio de la Dependencia refleja que en el último semestre el número de dependientes con prestación ha bajado en 12.438 personas. El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, sostuvo que atendiendo a los datos del informe, a día de hoy reciben atención 748.000 personas dependientes, es decir, 20.605 menos que hace un año. El estudio, que evalúa cada seis meses la aplicación de la ley, en esta ocasión subraya que la mayoría de las comunidades bajan su puntuación con respecto a estudios precedentes.

A la luz del estudio, las políticas del Ministerio que dirige Ana Mato no salen muy bien paradas. Ramírez demandó al departamento ministerial que deje de alardear con el dato de que se han reducido las listas de espera. Es verdad que estas han pasado de 305.941 a 1 de enero de 2012 a 213.824 a 31 de mayo de 2013. Sin embargo, este descenso no obedece a que el sistema sea más eficaz y se procure atención a más personas que soportaban demoras.

La explicación es mucho más sencilla, a la vez que desalentadora. El descenso responde que hay muchas trabas para que los nuevos dependientes accedan al sistema, como es el caso de 39.501 personas. A ellos hay que sumar las defunciones, que no se reponen con nuevos beneficiarios. Al tiempo que se erigen obstáculos para acoger a nuevos dependientes, se «abandona a su suerte» a cientos de miles de personas con dependencia severa y que están falleciendo sin ser atendidas. Puede darse el caso además de que se revise a la baja el grado de dependencia, como ha sucedido con más de 50.000 personas. Estas revisiones de grado han sido «masivas y sangrantes», en palabras de Ramírez.

De esta manera, el Gobierno ha dado la puntilla para que la Ley de Dependencia «muera por inanición». Junto al estrangulamiento financiero de las comunidades autónomas, el Ejecutivo de Rajoy miente «con medias verdades» y tortura los datos para ocultar que la puerta de entrada al sistema es ahora mucho más restrictiva. Si el Gobierno hubiera invertido en dependencia los 449 millones de euros que ha recortado, «más de 190 millones de euros hubieran retornado a las arcas públicas en virtud de impuestos directos, como IRPF, Seguridad Social e IVA. Por añadidura, se habría evitado el despido de 2.000 personas y ahorrado 16 millones de euros al Estado en prestaciones.

Puntuación autonómica

Apenas dos comunidades mejoran su puntuación general en la escala de la dependencia: Castilla y León y País Vasco que son, además, las que alcanzan una mayor puntuación, con 9,6 y 8,3 puntos sobre 10, respectivamente. Otras seis comunidades consiguen 5 o más puntos en el baremo: La Rioja (6,3), Andalucía (5,8), Cantabria (5,8), Cataluña (5,4), Galicia (5,0) y Castilla-La Mancha (5,0). Y nueve comunidades suspenden en este dictamen: son Extremadura (4,6), Asturias (3,8), Navarra (3,8), Murcia (3,3), Aragón (3,3), Madrid (2,9), Baleares (2,5), Canarias (1,7) y Valencia (0,4).

Diez comunidades autónomas registran una reducción en el número de beneficiarios, especialmente Aragón, donde esta disminución alcanza el 17,16% en tan solo un año. En el otro extremo, siete territorios registran saldos positivos, por ejemplo Cataluña, con más de un 10%, y Galicia y Asturias, con proporciones superiores al 7%. Para los gerentes de Servicios Sociales, la Ley de Dependencia es «sostenible y viable», dado que genera unos retornos económicos cercanos al 42%, así como 30 empleos directos y estables por cada millón de euros invertidos.

CC OO y UGT denunciaron ayer al unísono la «opacidad» del Gobierno al ofrecer datos sobre la aplicación de la ley. Las organizaciones sindicales consideraron que la propuesta de evaluación anual correspondiente al ejercicio 2012, presentada ayer, adolece de inconsistencia y se dedica a hacer «apología» de los logros obtenidos a través de las últimas reformas. A juicio de los UGT y CC OO, el Ejecutivo «justifica» los recortes económicos, en vez de cumplir con su deber y «reflejar la merma en la protección de las personas dependientes». Ramírez aseveró que el Gobierno quiere convertir un sistema de protección social de carácter universal en «un subproducto financiero de aseguradoras».