Amnistía Internacional calcula en 873.000 los inmigrantes sin tarjeta sanitaria

«Es una medida regresiva y discriminatoria». Así de contundente se ha mostrado este jueves el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, durante una rueda de prensa en Palma. ¿La razón? La organización que dirige calcula que una de las últimas reformas en materia de sanidad del Gobierno -un Real Decreto-Ley que el Ejecutivo aprobó en septiembre del pasado año- ha dejado a 873.000 inmigrantes sin tarjeta sanitaria. Una medida que en su opinión «pone en riesgo» la vida de estas personas al «impedir y dificultar» su acceso al sistema sanitario.

Cabe recordar que la norma retiraba la tarjeta sanitaria a aquellos inmigrantes en situación irregular, de tal forma que en la actualidad solo cuentan con asistencia sanitaria gratuita en dos supuestos: en urgencias o accidentes hasta el alta médica, y en embarazo, parto o posparto. En el resto de intervenciones, los inmigrantes deben bonar la factura.

Para Beltran se trata de una medida que «limita» el derecho a una asistencia universal y gratuita. «El Gobierno -explica- ha optado por incrementar el proceso de exclusión de las personas inmigrantes en situación irregular, en lugar de abordar los obstáculos administrativos que dificultaban su acceso a la sanidad». Por otro lado advierte de que la crisis económica no debería ser una excusa para recortar hasta el punto de «menoscabar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de atención sanitaria». Por eso, Beltrán ha pedido un informe real sobre el «ahorro» que se habría conseguido hasta ahora.

Pero el objeto de la rueda de prensa era la presentación de otro estudio: ‘El laberinto de la exclusión sanitaria. Vulneraciones del derecho a la salud en las Islas Baleares’. El autor del informe, Ignacio Jovtis, ha manifestado que sólo en el archipiélago, se han retirado 20.000 tarjetas sanitarias, alrededor del 2% de la población balear. Por otra parte, ha explicado los motivos de este informe, que parten del creciente número de denuncias por parte de inmigrantes. En esta situación se encuentra la uruguaya Silvia Graciela Velázquez, que padece un trastorno pulmonar cuyo síntoma principal es la disminución de la capacidad respiratoria. «En enero fui a urgencias al hospital porque no podía respirar. La médico me dijo que tenía que hacerme muchas analíticas y me pidió que fuera a ventanilla para pedir turno con mi médico de cabecera. Fui a ventanilla y ahí me dijeron que no tenía derecho a médico de cabecera. Lo grave es que no tengo forma de que me hagan un seguimiento de mi enfermedad crónica», denuncia Graciela.

Por casos como éste y muchos otros, el autor del informe ha pedido que la Conselleria tome medidas y que se informe con exactitud al personal sanitario para que se eliminen las «irregularidades» que pueden «crear más exclusión».