El Gobierno pedirá a los dependientes más información para cobrar ayudas

El Gobierno va a endurecer el control sobre las comunidades autónomas en materia de dependencia para evitar una financiación indebida por la existencia de expedientes de usuarios erróneos. En concreto, les solicitará una serie de datos obligatorios sobre los beneficiarios que deberán certificar todos los meses. En caso contrario, el Estado no aportará la cuantía correspondiente al nivel mínimo de dependencia. El objetivo es evitar que la descoordinación entre las administraciones provoque un desfase entre los beneficiarios reales y los registrados, como puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas al detectar hasta 40.000 fallecidos que aún continuaban inscritos como beneficiarios en la base de datos con el consiguiente desembolso incorrecto de prestaciones.

«Queremos que se establezcan los controles para que el sistema de información sea un reflejo de la realidad de la dependencia», aseguran fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Así, en el próximo Consejo Interterritorial sobre Dependencia, que se celebrará este jueves, el Gobierno presentará a los consejeros autónomicos una remodelación de la aplicación informática SISADD, es decir, la base de datos donde figuran todos los beneficiarios de la ley que registra cada comunidad autónoma y por la que reciben una partida de los Presupuestos Generales del Estado.

El Ministerio que dirige Ana Mato establecerá ahora unos datos obligatorios (aproximadamente 50) tales como la fecha de solicitud de la ayuda, la fecha de la concesión y de la efectividad de ese derecho -cuándo empieza a recibir la prestación-, así como el tipo de ayuda y servicio reconocido al dependiente. Pero también información sobre el beneficiario, como su nivel de renta o la aportación del usuario en el coste del servicio.

En caso de faltar alguno de estos requisitos el Gobierno no transferirá a la comunidad autónoma la cuantía correspondiente por esa persona dependiente. Además, según el borrador de la normativa, «se expedirá mensualmente una certificación relativa a los datos incorporados por un responsable autonómico «con rango al menos de director general». De esta manera se pretende fijar un responsable último de la información entregada.

El Ejecutivo espera tener en marcha este sistema en el último trimestre del año para los beneficiarios de nuevo acceso. Para el caso de los dependientes ya inscritos, se estipula un plazo de un año para revisar toda la información existente y completarla con los nuevos datos obligatorios, que para estos casos se verán reducidos a una treintena.

Por su parte, las comunidades que prefieran continuar con sistemas propios deberán suscribir convenios de colaboración con el Imserso en el que incluirán, entre otros contenidos, la forma de transmisión de la información.

Además, para dificultad aún más que en la base de datos permanezcan beneficiarios ya fallecidos, como denunció el Tribunal de Cuentas, el Imserso (órgano encargado de gestionar las ayudas) cotejará los datos con Justicia, el Instituto Nacional de Estadística y la Policía para detectar un posible error en ese sentido. «Este sistema garantizará la fiabilidad, seguridad, disponibilidad y transparencia de la información», aseguran desde el Ministerio.

Y es que el informe del Tribunal de Cuentas desveló que hasta el 30 de abril de 2011 a 41.224 personas fallecidas registradas. Esto no significa que las familias de los dependientes fallecidos siguieran recibiendo la prestación. Todo lo contrario. La mayor parte del dinero se quedaba en las comunidades autónomas. El Imserso dio de baja a 29.169 personas pero aún faltaban 12.055 que suponían una financiación indebida por parte de las comunidades de 30 millones de euros. Para recuperar ese dinero el Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas detraer de las transferencias mensuales la parte correspondiente a ese error durante todo este año. Para tratar de perjudicarlas lo menos posible la devolución se realizará en siete cuotas -una por mes a partir de mayo- hasta final de año.

Pero además, los mecanismos de control van más allá de la base de datos. El Gobierno quiere saber cuánto y cómo se gastan las comunidades autónomas los recursos en dependencia. Para ello les exigirán anualmente datos económicos sobre los servicios ofrecidos (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día, atención residencial...) y sobre la dotación de las prestaciones. Una medida cuya finalidad, según el Ministerio, es conocer el coste total del sistema de dependencia.