La jueza Mercedes Alaya amplía la investigación del fraude de los ERE a 1999

Alaya amplía el ámbito temporal de su investigación del fraude de los ERE con dinero de la Junta de Andalucía. La jueza sevillana dictó ayer un nuevo auto en el que se retrotrae a 1999, a la vez que insta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que informe sobre si las ayudas sociolaborales que la comunidad estableció para los trabajadores afectados por ERE «están o no incluidas en el ámbito laboral, cuya legislación es competencia del Estado».

La magistrada de instrucción número 16 explica que las conclusiones de los atestados de la Guardia Civil, en especial el que se refiere al funcionamiento de la Dirección General de Trabajo, le llevaron a indagar en las ayudas concedidas a las empresas Jerez Industrial e Hijos de Andrés Molina y de ahí a pedir a la Junta informe sobre la relación entre las consejerías de Empleo y de Innovación y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en 1999 y 2000. De este modo, Alaya dice que aunque «implícitamente ya se ha ampliado el periodo de investigación inicialmente acotado», emite resolución expresa «para mayor claridad en los trabajos de investigación y en el análisis de sus antecedentes».

El auto recoge un informe de la Intervención General del Estado que cuestiona las ayudas e indica que de 2000 a 2010 no había norma que regulara «su concesión, se establezca sus límites, edad mínima de los beneficiarios, cuantías, periodos de percepción, porcentaje de financiación pública de las mismas o forma de tramitación». Los peritos de la Intervención consideran que las ayudas citadas corresponderían al ámbito laboral, por lo que plantea si «ejercicio del poder subvencional llevado a cabo por la Consejería de Empleo se sitúa dentro y no al margen del orden de competencias fijados por la Constitución y el Estatuto».

Alaya reclama documentación de los créditos presupuestarios autorizados desde 2001 a favor de la Consejería de Empleo y sobre modificaciones presupuestarias hechas por esa Consejería en 2010, en concreto un expediente de generación de crédito de 20 millones de euros.