Populismo andaluz en contra de la mayoría

Andalucía es parte de España y se ve reflejada en ella. Los españoles somos esencialmente intervencionistas. Sólo el 11% apoya el capitalismo y el 74% proclama que es el Estado el que debe garantizar un nivel de vida digno. Exactamente el mismo porcentaje que quieren un Estado que controle los precios, los tipos de interés, los salarios y los beneficios empresariales. Y al unísono, ese mismo tanto por ciento manifiesta que los precios, los tipos de interés y los beneficios empresariales no deben subir, pero los salarios deben tender a cierta uniformidad, con independencia del esfuerzo, el grado de responsabilidad y la formación de cada uno y si me apuran seguro que exigen su subida por encima del IPC. Por supuesto que los integrantes de la referida cifra responden a la pregunta sobre la financiación del Estado del bienestar, con mayores impuestos a los más ricos y sobre el capital. Curiosamente esas tres cuartas partes de la población quieren un Estado omnipresente, pero no lo quieren financiar en el fondo, ya que son los primeros que se oponen a la subida del IVA.

Andalucía aún exhibe unas cifras algo superiores a las manifestadas. No sólo vamos a ser los ganadores absolutos en la cifra de desempleo. Pero sin duda alguna somos los campeones después de Venezuela y Argentina en la degeneración democrática a través del profundo populismo y demagogia, intrínsecas e inherentes a los tres regímenes políticos que padecen desde tiempos inmemoriales dichos territorios. Desgraciadamente para los habitantes de esos lugares, democracia y libertad no son conceptos sinónimos. Lo que ocurre en los dos indicados países me duele. Pero lo que ocurre en mi tierra lo padezco en directo y lo padecen las personas a las que quiero. Y eso no sólo me duele, sino que me jode literalmente.

Andalucía se ha convertido en el lugar por excelencia donde hacer mella en el imperio de la ley a través del populismo. Más si cabe ahora donde la crisis nos asola. Los desahucios de viviendas y la legislación dispuesta para su contención por la vía del Decreto-Ley, como si fuese un problema sólo padecido en la actualidad, es la penúltima de las ocurrencias de un Gobierno socio-comunista. Paralizar un desahucio obligando al legítimo propietario de un bien a darle un uso determinado, bajo amenaza de que su posesión y disfrute pasen a manos de un tercero, mediante el invento de una nueva institución, la expropiación temporal de viviendas, supone un atentado no sólo a la propiedad privada, sino a la elemental obligación del cumplimiento de los contratos. Si esto se incumple, la seguridad jurídica no existe. Sin seguridad jurídica no sólo se pone en entredicho el proceso de reestructuración del sistema financiero, repercutiendo negativamente en las entidades que lo configuran, sino que tendrá efectos perversos en la economía nacional, afectando negativamente a todos los españoles. Andalucía debe ser solidaria con quien tiene un grave problema y es cierto que hay personas a las que se les debe tender la mano. Pero las medidas que ‘benefician’ a no más de 200 familias, no pueden perjudicar en el fondo y en las formas a todos los españoles.