La Guardia Civil reprocha a la Junta que retrasara la investigación de los ERE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reprochado a la Junta de Andalucía el retraso en el envío de documentación relacionada con el caso de los ERE irregulares, lo que demoró la investigación. Según señalaron fuentes de la investigación, la UCO solicitó a la Junta información sobre varios asuntos, entre ellos sobre el bufete Estudios Jurídicos Villasís, que tiene varios abogados imputados en las actuaciones, pero la administración autonómica tardó casi un año y medio en entregarla.

Las mismas fuentes subrayaron que, tal y como puede apreciarse en la fecha del informe, de unos 2.500 folios, el retraso en la entrega fue «considerable» y, en cierta forma, entorpeció la investigación. El diario 'Abc' publicaba ayer una información en este sentido e incluía frases textuales del informe de queja de la UCO, entre ellas la que señala que «a juicio policial, esta demora en la remisión de información expresamente requerida a la Junta de Andalucía ha supuesto un retraso en las investigaciones que se han llevado a cabo en el marco de las diligencias previas».

«Llama poderosamente la atención la demora -se añade en la nota- en presentar esta documentación, ya que obraría en poder del Gabinete Jurídico desde, por lo menos, febrero y abril de 2012, como demuestran los sellos de compulsa firmados por la jefa del departamento de Régimen Jurídico de Trabajo de la Consejería de Empleo», detallan en el informe. La UCO pone de manifiesto, de esta manera, que no existe causa objetiva para la demora.

«De haberse contado con ella en fechas anteriores, hubiera supuesto cuando menos una mayor celeridad en el análisis de la ingente documentación que esta unidad ha estudiado, llegando en menos tiempo a las mismas conclusiones».

Cambio de actitud

Según el diario 'Abc', de esta manera la Guardia Civil «desarma la tesis oficial del Gobierno andaluz centrada en apremiar a la jueza Mercedes Alaya a acelerar la instrucción. De ello da prueba el consejero andaluz de Justicia, Emilio Llera, fiscal en excedencia, que ha pasado en pocos meses de pedir públicamente que no se presione a la juez para que 'se cure tranquilamente' de las cefaleas que la mantuvieron apartada del proceso durante casi seis meses a reclamarle 'celeridad', porque el caso 'alarma' a los ciudadanos».

Además, recuerda que fueron precisos «numerosos requerimientos de colaboración solicitados por el propio juzgado», recogidos en otro auto del 18 de octubre de 2011, para que pudiera disponer de «la relación de ayudas sociolaborales y a empresas resueltas favorablemente por la Consejería de Empleo y no pagadas, que no están incluidas en el desplegable».