Condenan a un funcionario a 25 años por abusar de cuatro presas

Miguel Ángel H. P., funcionario de prisiones destinado al centro madrileño de Soto del Real, deberá cumplir una pena de 25 años de cárcel tras ser encontrado culpable de abusar sexualmente de cuatro reclusas.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid considera probado que, aprovechando su cargo y la libertad de movimientos de los que gozaba en el interior de la cárcel, el condenado realizó a sus víctimas «peticiones de naturaleza sexual y de actos atentatorios de igual carácter, y ello en aras de lograr la satisfacción de sus deseos libidinosos».

Según el tribunal, el funcionario prometía beneficios penitenciarios a las mujeres y si estos eran rechazados las amenazaba con trasladarlas de centro o empeorar las condiciones de vida de familiares que también se encontraban recluidos. De obtener una nueva negativa, provocaba encuentros a solas con ellas en la cocina o el taller de costura para asaltarlas, realizarles tocamientos e, incluso, obligarlas por la fuerza a practicar actos sexuales.

Una venganza

Una vez que supo que había sido denunciado por varias mujeres el funcionario procedió a amenazarlas con el fin de que se retractasen de sus acusaciones, advirtiéndoles de tener cuidado con lo que contaban y de que se arrepentirían de sus actos. La defensa del condenado alega que todo se trata de una venganza por parte de las reclusas por una requisa en una celda de ordenadores con conexión a internet llevada a cabo por el funcionario.

Por los actos cometidos Miguel Ángel H. P. ha sido hallado culpable de los delitos de abuso continuado de su cargo, abuso sexual, agresión sexual y violación. La sentencia también reconoce los daños psicológicos sufridos por las víctimas, tres de las cuales sufren secuelas en forma de estrés postraumático y ansiedad. Todo ello suma una pena de 25 años de prisión de los que cumplirá 20 como máximo. Además, deberá indemnizar a las mujeres con un toral de 23.000 euros. Como principal fundamento de la condena los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial valoran que las denunciantes no se conocían pese a estar internadas en el mismo centro y «atribuyen a un mismo funcionario unos hechos y un modus operandi similar, si no idéntico».