El PP impone la ley del silencio y se prepara para un duro julio

El PP intenta ganar tiempo e impone la ley del silencio para evitar pronunciarse sobre el encarcelamiento de Luis Bárcenas. Prepara argumentos para un julio que se antoja duro. De hecho, la única respuesta oficial de la dirección del partido que preside Mariano Rajoy fue tan escueta que cabe en un tweet. «El PP manifiesta, como ha hecho siempre, respeto a las decisiones judiciales en todos los procedimientos». Y nada más. Aún resuenan las palabras del vicesecretario de organización del PP, Carlos Floriano, que el lunes lamentó la «causa general» que, a su juicio, había abierto el magistrado Pablo Ruz contra su formación.

El Gobierno tampoco se salió de este guion. Los ministros Alberto Ruiz-Gallardón y Cristóbal Montoro comparecieron ante los medios de comunicación en sendos actos que habían sido convocados a principios de semana. Gallardón mostró su «total respeto» a la justicia y pidió a todas las administraciones y poderes del Estado y a la ciudadanía en general, que «colaboran siempre» con la justicia. Montoro, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, evitó ir más allá. «Desde una posición de gobierno no tengo que valorar en modo alguno decisiones judiciales de esta naturaleza», argumentó. El único que se alejó mínimamente de esta senda fue Vicente Martínez Pujalte, portavoz del PP en la comisión de economía del Congreso, que declaró: «No tengo ninguna duda de la gente del PP y no tengo miedo a nada».

El estado de noqueo de los populares es tanto más llamativo por contraste con la premura con la que el PSOE salió a exigir explicaciones. Y a pedir que el PP empiece «una nueva etapa de colaboración con la Justicia». «No puede seguir mirando para otro lado; estamos hablando del hombre que ha manejado las cuentas del PP» durante más de 20 años, argumentó el responsable de relaciones institucionales, Antonio Hernando.

Fue, en todo caso, menos duro de lo que habría cabido esperar. No pidió, como hizo Alfredo Pérez Rubalcaba en febrero, la dimisión de Rajoy por no señalarle, dijo, y perjudicar la negociación del plan económico que en estos momentos el presidente del Gobierno negocia en Bruselas. IU, en cambio, sí reclamó dimisiones.