Las protestas en Brasil remueven los cimientos del Congreso

A pesar de haber bajado la participación, las protestas en Brasil lograron ayer una victoria contra la impunidad de los corruptos. Por primera vez desde la reforma constitucional de 1988, el Supremo Tribunal Federal del país ordenó que vaya preso de inmediato un diputado condenado por corrupción en 2010. Natan Donadon, miembro del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aliado de la coalición gobernante, no podrá seguir apelando las medidas judiciales en su contra desde su asiento en la Cámara baja, según sostuvieron los magistrados en una decisión que parece haberse echo eco del clamor de los 'indignados'. De inmediato, el presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Alves -también del PMDB-, dispuso las primeras medidas para encausar el proceso de casación que se le debe seguir al legislador a fin de que se pueda proceder a su detención. Será un gesto más dirigido a mostrar diligencia en el Congreso tras las quejas que pusieron a todos los dirigentes brasileños con las barbas en remojo.

En la noche del martes, los diputados rechazaron el proyecto de reforma para quitarles potestad de investigación penal a los fiscales y otorgársela a la Policía. Esa iniciativa había sido muy cuestionada en las marchas de los últimos días por considerarla una vía para garantizar la impunidad de funcionarios corruptos. La idea había logrado avanzar pese a las críticas, pero ayer cayó por una mayoría abrumadora.

Los legisladores dieron también media sanción al proyecto de destinar las regalías del petróleo a la educación. La presidenta Dilma Rousseff quería que se autorizara el 100% para ese fin, pero los diputados dispusieron el 75% para educación y un 25% para salud. Ahora la propuesta debe ser discutida en el Senado. Es otra medida de emergencia en sintonía con los airados reclamos.

Diálogo del Gobierno

Rousseff prosiguió ayer la ronda de negociaciones con los diversos sectores sociales y políticos. Recibió a representantes de las centrales sindicales, que le anticiparon la realización de una jornada de protesta conjunta el 11 de julio

Mientras, en Belo Horizonte, unos 50.000 manifestantes bloquearon las rutas de acceso al estadio Mineirao donde se disputaba el partido entre Brasil y Uruguay por la Copa Confederaciones. Las autoridades ordenaron blindar el área, adonde fueron apostados 5.700 policías y 1.500 soldados. No obstante, los uniformados no pudieron evitar incidentes como el incendio de un autobús y la detención de una decena de personas.