Una investigación que acaba con 31 detenidos

Las últimas detenciones del 'caso Bahía Competitiva' corresponden a la segunda fase de una operación que se ha saldado con 31 detenidos que presuntamente obtuvo de forma ilícita 21 millones de euros de subvenciones públicas para fomentar el empleo en Andalucía. 50 empresas solicitaban las ayudas, responsables y funcionarios de la Diputación de Cádiz y el Ministerio de Industria presuntamente facilitaban la concesión y expertos desviaban los fondos a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública. El conglomerado mercantil beneficiario de estos fondos se iba a instalar supuestamente en la Bahía de Cádiz, zona con un plan específico de ayudas para el fomento empresarial. Otra partida de 26.000.000 millones de euros fue autorizada aunque finalmente el dinero no se llegó a transferir. El principal investigado tenía fijado su domicilio en Luxemburgo, aunque residía realmente en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid.

Solicitud de subvenciones, concesión y blanqueo de beneficios

El entramado investigado se sustentaba en tres pilares. En primer lugar existía un grupo de empresarios encargado de formalizar todos los trámites requeridos legalmente para la solicitud de este tipo de subvenciones. Posteriormente entraban en escena una serie de empleados públicos cuya función sería la facilitación de forma irregular de la concesión de los fondos a los responsables de las mercantiles. Finalmente, un segundo grupo de empresarios se encargaría de ocultar los beneficios para defraudar a la Hacienda Pública. En entramado empresarial y la estructura de solicitud de las subvenciones pretendía la instalación de las empresas en un polígono industrial de nueva creación en la localidad de Alcalá de los Gazules (Cádiz) llamado “La Palmosilla”, a día de hoy inexistente.

Empresas creadas exclusivamente para solicitar ayudas

La investigación tiene su origen en el año 2011, tras presentarse una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla por parte de la Agencia IDEA, perteneciente a la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. A raíz de esta comunicación, los agentes iniciaron sus pesquisas sobre un entramado empresarial, que se habría creado con la única finalidad de solicitar ayudas económicas a la propia Consejería de Innovación y Ciencia y al Ministerio de Industria, para el fomento empresarial.

Las primeras informaciones obtenidas por los investigadores confirmaron que desde 2008 fueron creadas 50 sociedades administradas o representadas prácticamente por las mismas personas, apreciándose una especial concentración durante los años 2009 y 2010. Además, los policías detectaron dos grupos de empresarios, el de los “gallegos” y el de los “madrileños”, apareciendo en ambos numerosas personas en calidad de testaferros. En noviembre de 2011 se desarticuló el primero de ellos, llevándose a cabo once registros y 14 detenciones en Santiago de Compostela, en A Proba do Caramiñal (ambas localidades de la provincia de A Coruña), en El Puerto de Santa María y en el País Vasco.

Detención e imputación de responsables y empleados públicos

En octubre de 2012, las informaciones obtenidas durante la investigación propiciaron la detención de nueve funcionarios adscritos a la Diputación de Cádiz y al Ministerio de Industria. En ese momento también fueron imputados dos responsables del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz.