El juez abronca al fisco por no aclarar el lío de las fincas de la infanta

Enfado mayúsculo e indisimulado del juez del 'caso Nóos' por el silencio de Hacienda y la total ausencia de explicaciones oficiales al magistrado sobre el lío de las fincas que el organismo recaudador atribuyó a la infanta. José Castro, en un auto hecho público ayer, abroncó a los responsables de la Agencia Tributaria porque casi una semana después de remitirle el informe con los supuestos errores se haya tenido que enterar por los medios de comunicación de que ese documento está plagado de inexactitudes porque Hacienda no se ha dirigido a él en ningún momento para rectificarlo.

Castro no se anda con rodeos y dice que «echa en falta que la propia Agencia Tributaria no haya remitido al juzgado un nuevo informe rectificando el anterior», en el que aseguraba que la hija del Rey entre 2005 y 2006 vendió trece inmuebles en las localidades alicantinas de Playa de San Juan, Pilar de la Horadada; en el municipio barcelonés de Calella; y en Valenzuela de Calatrava, en Ciudad Real. Unas enajenaciones que, según Hacienda, le reportaron a Cristina de Borbón unos ingresos de 1,4 millones de euros.

El juez recuerda que ha tenido que movilizarse con requerimientos a los notarios y registros de Barcelona, Alicante y Ciudad Real para comprobar que, efectivamente, ese informe estaba trufado de errores, pero reprocha a Hacienda que nadie le haya explicado de manera oficial a qué se debe ese cúmulo de despropósitos. Por eso, exige que le remita «un nuevo informe» en el que «rectifique» los «extremos que no se ajustan a la realidad».

Pero, sobre todo, lo que Castro reclama es una «explicación» que sea «comprensible y documentada» de a qué «obedece la disparidad» entre los datos que obran en poder de Hacienda y las anotaciones de los registros y notarios en los que sí aparecen correctamente los titulares de aquellas operaciones de compraventa.

Es más, el instructor también quiere saber si la Agencia Tributaria ha iniciado «alguna actuación inspectora o de comprobación» por esas supuestas transmisiones que imputa a Cristina de Borbón, tanto para «determinar un supuesto incremento patrimonial» como para esclarecer «el origen de esas propiedades». En cualquier caso, recuerda a Hacienda, esa inspección tenía que haberse hecho antes, lo que hubiera «abocado, cuando menos, a la detección del fallo» hace ya años.

El magistrado también se interesa por otra omisión llamativa en el informe de Hacienda, que nada tiene que ver con las trece fincas o la supuesta confusión a cuenta del inusual DNI de la hija menor del Rey, el 00000014Z. Se trata de la venta el 15 de marzo de 2006 por parte de la infanta e Iñaki Urdangarin del piso que tenían en el número 55 de la Avenida de Pedralbes y por el que se embolsaron 2.164.268 euros. Ese inmueble, en el que vivían los duques de Palma antes de mudarse al famoso palacete del mismo barrio, aparece en los informes de Hacienda referidos al yerno del Rey, pero no hay mención alguna a esta enajenación en el dossier sobre su esposa.

Solo por escrito

La Agencia Tributaria tendrá que dar muchas explicaciones al titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, pero serán todas por escrito. Castro, en la misma resolución que reclama todos esos nuevos informes a Hacienda, rechaza la petición de la acusación popular de Manos Limpias de que la propia directora del organismo, Beatriz Viana, sea citada como testigo para que aclarara la confusión sobre las trece fincas.

Tampoco serán interrogados los funcionarios de la Delegación de Hacienda de Cataluña que elaboraron el errado documento. Del mismo modo, Castro también desestima la petición de Manos Limpias para que la administración tributaria informase de todas las personas y funcionarios que desde principios de año hasta ahora han accedido a la información sobre Cristina de Borbón contenida en las bases de datos del fisco.

En otro orden de cosas, pero siempre referido a la infanta Cristina, el magistrado también rechaza la petición de la acusación popular de que reclamara a la Seguridad Social un informe sobre la posibilidad de que los duques de Palma hubieran incurrido en algún ilícito penal por la contratación sistemática de empleados fantasmas en la inmobiliaria Aizoon, empresa de la que ambos son propietarios al 50%.