El líder de CEOE quiere quitar el paro a los despedidos con indemnización alta

John Fitzgerald Kennedy, el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, popularizó una máxima según la cual una crisis es una oportunidad. La crisis que estamos viviendo desde hace casi seis años está resultando ser una oportunidad para recortar y volver a recortar, unas veces gastos poco eficientes pero en muchos casos prestaciones sociales. Mientras sigue viva la polémica azuzada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, sobre si un estudiante que tenga menos de 6,5 debe recibir una beca o no, el presidente de los empresarios ha decidido abrir otro debate, esta vez referido al cobro del paro.

En opinión del líder de la CEOE, Juan Rosell, una persona que haya sido despedida y a la que le haya correspondido una indemnización superior, por ejemplo, a 80.000 o 100.000 euros, no debería tener derecho a percibir prestación por desempleo o, al menos, que tengan retención fiscal.

La ley del IRPF considera exentas las indemnizaciones por despido que no excedan de lo que marca la norma: en el caso de un despido objetivo son 20 días por año y en despido improcedente, 45 o 33 días, según el contrato, y con el límite de mensualidades que corresponda. Todo lo que exceda de esos límites sí paga impuestos.

Durante la presentación de su libro 'Reformas o declive', Rosell señaló, en una «reflexión personal», que «las bonificaciones en el IRPF -que cuantificó en 300 millones de euros al año- deberían desaparecer y quien ha recibido una indemnización importante no debería tener el subsidio de paro. No se pueden tener dos ingresos por un mismo hecho». No obstante, el presidente de CEOE reconoció que la prestación por desempleo es un derecho de los trabajadores que previamente han cotizado por él, pero defendió que se busquen fórmulas alternativas para evitar gasto al Estado cuando las indemnizaciones sean altas.

No es este el único ajuste que desde la patronal se planteó ayer. El secretario general de la CEOE, José María Lacasa, compareció en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que debate la reforma de las pensiones y abogó por adelantar la entrada en vigor de la edad de jubilación a los 67 años -prevista para 2027- y aumentar los años cotizados que se utilizan para calcular la pensión.

La patronal defiende que el importe de la prestación se calcule sobre toda la vida laboral. Aumentar los años para determinar la cuantía de la pensión suele suponer una rebaja de la misma porque en los primeros años de la vida laboral se suelen tener los sueldos más bajos y se cotiza menos. En concreto, la ampliación de 15 a 25 años que se aprobó en la ley de 2011 -y que entró en vigor en enero de este año- supone una rebaja de la pensión media del 3,5%. Esta medida solo beneficia a quien pasa los últimos años de su vida laboral en el paro porque pueden incorporar sueldos de sus años en activo.

Lacasa insistió en que la crisis ha impactado de forma «muy preocupante en las cuentas de la Seguridad Social» y que hay una necesidad «imperiosa» de actuar fundamentalmente en el lado del «gasto en su conjunto» y no solo en el de las pensiones.

Ingresos

Sin embargo, para el portavoz de ICV en la Comisión del Pacto de Toledo, Joan Coscubiela, «la sostenibilidad del sistema se puede conseguir mejorando los ingresos», algo sobre lo que no concreta el informe del Comité de expertos nombrado por el Gobierno. La portavoz del PSOE, Isabel López i Chamosa, se mostró partidaria de dejar actuar las reformas introducidas en la ley 27/2011 y consideró «una barbaridad» aplicar en estos momentos el factor de revisión anual de las pensiones que proponen los expertos en función del los ingresos y gastos del sistema, excediendo el mandato legal que solo hablaba de un factor de sostenibilidad en función de la evolución de la esperanza de vida.

En la Comisión intervino también el único experto que votó en contra del informe: Santos Ruesga, que advirtió de que «el efecto inmediato (de aplicar lo que propone el comité) será una bajada de las pensiones». Ruesga explicó que el sistema de la Seguridad Social «no se va a caer el año que viene» y que no ve «urgencia en poner en marcha el factor de sostenibilidad». Se mostró partidario de usar el fondo de reserva de las pensiones para cubrir eldéficit y criticó que no se quiere utilizar porque, de hacerlo, computaría en el déficit.

A esto replicó la portavoz del grupo popular, Carolina España, que precisó que el Gobierno del PP «ha sido el único que lo ha utilizado, por lo tanto, no nos ha afectado nada que computara para el déficit». Ruesga destacó que España ha sido el país que «más ajuste ha cargado sobre las pensiones».