Bankia prorroga el plazo para el arbitraje y pagará los laudos positivos este año

Los propietarios de participaciones preferentes y de deuda subordinada de Bankia que obtengan un laudo positivo en el arbitraje recuperarán su inversión antes de que termine el año. El plazo para solicitarlo se prolongará hasta el 15 de julio, a la vista del fuerte ritmo de peticiones, unas 4.000 por día.

De las 144.903 solicitudes registradas hasta el pasado viernes -sobre un total de 300.000-, la auditora KPMG -contratada como experto 'independiente' por el banco- ya ha emitido opinión en 45.000 peticiones. Su informe ha sido favorable al preferentista en 38.698 de ellas, lo que equivale que un 80% podrán recuperar su inversión. Pero este porcentaje no se puede extrapolar al conjunto. Lo comprometido es que la totalidad de los demandantes conocerán para el mes de septiembre sus posibilidades.

El presidente del banco, José Ignacio Goirigolzarri, hizo estos anuncios al término de la junta general de accionistas, celebrada ayer en el Palacio de Congresos de Valencia, protagonizada por las persistentes protestas de decenas de inversores que solo quisieron ser ahorradores y que ahora se sienten estafados. De ellos, 130 pidieron hablar en el turno de ruegos y preguntas, más que en la asamblea anterior, aquella en la que, hace un año, él mismo expuso sus planes tras el rescate.

Desde entonces, BFA-Bankia ha presentado pérdidas por 21.238 millones de euros en 2012; ha realizado dos ampliaciones de capital por un total de 24.500 millones en el grupo y ha traspasado los activos 'tóxicos' del 'ladrillo' al banco 'malo'. Libre de estas cargas y reforzado, la matriz BFA ganó 213 millones y su filial Bankia otros 72 millones en el primer trimestre. Goirigolzarri insistió, no obstante, en que al cierre de 2013 el beneficio de todo el grupo ascenderá a 800 millones.

Accionistas a la fuerza

En la junta anual, la gran mayoría de los intervinientes se desentendieron de esos planes de futuro. El turno de preguntas lo coparon pequeños ahorradores para denunciar las pérdidas sufridas. Muchos expusieron al detalle las dramáticas circunstancias que atraviesan quienes invirtieron unos pocos miles de euros, los ahorros de toda una vida, y luego no han podido recuperar ese dinero en plena crisis.

Muy larga, aunque bien ordenada, fue esa fase de interrogantes dirigidos hacia los máximos responsable de la entidad. El tiempo máximo de cada intervención era de cinco minutos estrictos, y para ello se estableció un turno numerado que permitía conocer de antemano el momento de la participación. Por eso, pese a la larga duración de la junta -más de seis horas-, pocos solicitantes de palabra renunciaron a sacar a la luz sus cuitas.

Abundaron las descripciones de situaciones de paro prolongado, enfermedad crónica, familias que se han quedado sin ingresos. Casi todos se consideraron 'accionistas a la fuerza' por el canje no voluntario realizado, e incluso una interviniente denunció que a su madre le había llegado la comunicación de que había adquirido tal condición después de haber fallecido.

«Si anteriores gestores de cajas fueron a la cárcel, prepárense ustedes», llegó a decir un airado preferentista. La protesta incluyó el acto de contrición de un antiguo empleado, que se reconoció «colaborador necesario con la gran estafa», al haber colocado productos financieros complejos entre ahorradores desinformados.

El rescate de Bankia con 23.000 millones de fondos europeos -a cargo luego de las arcas públicas españolas en forma de mayor déficit- exige que los propietarios paguen las consecuencias del desastre. Titulares de preferentes y de bonos subordinados han de demostrar que se produjo un engaño en la comercialización para recuperar la inversión. «Nuestra idea es que para el último trimestre del año la Junta Arbitral de Consumo haya resuelto la práctica totalidad de los arbitrajes», concluyó Goirigolzarri.