El Poder Judicial rechaza de plano amparar el juez del 'caso Blesa'

'Desamparado'. Así ha quedado el controvertido juez Elpidio José Silva, instructor del caso donde se han investigado algunas operaciones realizadas en Caja Madrid bajo la presidencia de Miguel Blesa, tras ver cómo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazaba ayer de plano la petición de amparo que presentó la semana pasada. Alegaba aquel haber sufrido «todo tipo de injerencias y presiones» en su trabajo a raíz de ordenar el encarcelamiento del exfinanciero, pero los miembros del órgano de gobierno de la judicatura ni siquiera admitieron a trámite su denuncia porque consideraron que podría deberse a meras «sensaciones subjetivas» del protagonista, amén de no cumplir los plazos.

Los cinco vocales de la Comisión Permanente del CGPJ -en la que no estuvo su presidente, Gonzalo Moliner, al figurar entre las personas denunciadas por Silva- estimaron por unanimidad que no existían fundamentos suficientes para dar el respaldo al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. A su juicio, los presuntos ataques a su independencia judicial de los que se queja Silva no tenían ni la repercusión ni la intensidad suficiente como para considerar que han puesto «en serio riesgo» su capacidad para decidir «sin presiones determinantes».

Tampoco el momento procesal elegido para esas presuntas injerencias ni el contenido personal que presume el interesado contribuyeron a que el Consejo diera más importancia a unas actitudes que, lejos de formar un todo -entre las personas denunciadas aparecen los responsables de la Fiscalía, varios medios de comunicación e incluso un buen número de vocales del Poder Judicial-, han sido consideradas incidentales. Y apuntaron, además, que al analizar las peticiones de amparo el Consejo «no puede entrar» en el análisis de los procesos judiciales que se están tramitando en la actualidad.

Así, sobre las declaraciones del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y del fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix -este último dijo que el encarcelamiento de Blesa era una medida «absolutamente desproporcionada»-, así como la investigación abierta por el Ministerio Público sobre supuestas irregularidades en la labor jurisdiccional del juez, los vocales apreciaron que no hubo descalificaciones y solo apreciaciones jurídicas que, pese a ser contrarias a la suya, no suponen abuso alguno ni falta de respeto. Algo parecido argumentaron respecto a los comentarios de los medios de comunicación respecto a su labor, al entender que «entran dentro de la crítica admisible» e incluso «necesaria en un Estado de Derecho».

En cuanto a las expresiones del propio presidente del Consejo sobre el expediente disciplinario abierto al juez por otros casos distintos al de Blesa, en las que mostraba su deseo que el asunto «llegue a buen fin», la Comisión considera extemporánea la queja de Silva porque tardó casi un mes en denunciarla, muy por encima de los 10 días que contempla la ley respecto al amparo. En cualquier caso, Moliner ya explicó en su día que no pretendía prejuzgar y que solo recordaba varios expedientes abiertos en el pasado al mismo protagonista, que culminaron con cuatro sanciones que, sin embargo, fueron archivadas por el Tribunal Supremo debido a «problemas de caducidad» (en concreto, su tramitación excedió de los límites legales).

Expedientado y ¿querellado?

Aunque en el Consejo no han visto motivos para que el juez se sienta «inquietado o perturbado» en su labor profesional, fuentes judiciales precisaron que incluso en el caso de que se hubiera concedido el amparo habría sido fundamentalmente un «respaldo moral», dado que la propia normativa al respecto no contempla a priori mayores efectos.

Aparte de la posibilidad de enfrentarse a una querella por posible prevaricación, cuestión que están estudiando tanto la Fiscalía de Madrid como los abogados del exfinanciero, el CGPJ debe resolver antes de otoño el citado expediente disciplinario abierto contra Silva por la presunta comisión de dos faltas muy graves y otra grave por sus particulares métodos profesionales. En concreto, se le acusa de la falta de motivación de algunas de sus resoluciones -como ha ocurrido en el 'caso Blesa', según ha resuelto la Audiencia Provincial de Madrid al anular las actuaciones-, de retrasos «injustificados» en la tramitación de los procedimientos y de «grave desconsideración» hacia el personal de su juzgado.