Bruselas ve en el decreto andaluz de desahucios un riesgo para la banca

La Comisión Europea advirtió ayer de que el decreto antidesahucios andaluz puede afectar «negativamente» a la estabilidad de la banca española. En una carta remitida al Ministerio de Economía, el Ejecutivo comunitario sugiere que las autoridades españolas deberían paralizar dicha normativa para evitar cualquier tropiezo en el saneamiento del sector financiero. La regulación de la Junta de Andalucía abre la puerta a la expropiación temporal de viviendas, una medida que a juicio de Bruselas «va más allá» de la mera protección de las familias vulnerables.

La carta de la Comisión resume la opinión de la troika internacional que revisa trimestralmente la evolución del rescate de la banca española. El memorando rubricado por España establece que debe consultar con las instituciones comunitarias todas las medidas que puedan afectar al sector financiero. Por ello, pide al Gobierno que «haga honor a los compromisos contraídos» para prevenir cualquier contratiempo en el rescate ya disfrutado.

A su juicio, las incertidumbres generadas con el decreto podrían provocar una caída aún más acusada en el valor de los activos inmobiliarios, una circunstancia que se reflejaría de inmediato en las cuentas de los bancos. La consecuencia directa sería un incremento de las provisiones de las entidades para cubrir posibles pérdidas, lo que a su vez se traduciría en una reducción del crédito para empresas y particulares.

Nulidad de cláusulas suelo

De otro lado, ya son media docena las resoluciones judiciales que, yendo más allá de la jurisprudencia establecida recientemente por el Tribunal Supremo respecto a la posible nulidad de las cláusulas suelo, consideran que sí cabe el reintegro de las cantidades abonadas de más en una hipoteca cuando se aprecien motivos para declararlas abusivas.

La última sentencia, dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, entiende que el alto tribunal solo limitó la retroactividad de su fallo para quienes eran parte del mismo (es decir, los ahorradores que habían recurrido en ese caso), «sin afectar ni a situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales... ni a juicios posteriores», es decir, que no serían cosa juzgada.