La Audiencia ve razones para seguir investigando a Blesa

Fuera de la cárcel y sin fianza, pero aún no libre de culpa por su polémica gestión al frente de Caja Madrid. Así está Miguel Blesa, expresidente de la entidad, después de que la Audiencia Provincial de Madrid entendiera este martes que persisten los indicios delictivos en su contra por la compra en 2008 del City National Bank of Florida (CNBF), en la que según el controvertido juez Elpidio José Silva se habrían perdido más de 500 millones de euros.

Según los tres magistrados de la Sección 15 de dicho tribunal, en la causa existe ya «suficiente acervo, dadas las irregularidades denunciadas», para investigar a Blesa, ante la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de administración desleal, o bien de apropiación indebida. Se basan en el informe aportado por el Banco de España en abril de 2010, donde se especifica que al ser dividida en dos partes la operación se impidió el control ‘ex ante’ de la Comunidad de Madrid, amén de que se abonó una suma sustancialmente mayor a la que pagaron otras entidades españolas por bancos en la misma zona.

El objeto de dicha investigación, apunta la Sala, debería ser «aclarar» si Blesa, «abusando de su cargo» de presidente de Caja Madrid, «pudo disponer fraudulentamente de los bienes de esta o contraer obligaciones a su cargo, con el consiguiente perjuicio económico para la entidad financiera, sus socios y depositarios».

Frente al argumento de la defensa del exfinanciero de que la compra fue aprobada de forma colegiada por el consejo de administración de la caja de ahorros y contó con el visto bueno del Banco de España, los magistrados dan por buena la tesis del instructor del caso de que este último fue «meramente formal» y que «las decisiones que exige la envergadura de los intereses económicos implicados (en la compra del CNBF, que costó 1.117 millones de dólares) solamente puede tomarse al más alto nivel».

El juez se querella

No obstante, los magistrados sí han anulado el auto por el que se ordenó el 16 de mayo su ingreso en prisión, eludible bajo fianza de 2,5 millones de euros, dentro de la causa –anulada la semana pasada– donde se investigaba un crédito concedido por Caja Madrid a su exconsejero Gerardo Díaz Ferrán cuando presidía la CEOE. El motivo es que al no haberse personado correctamente como acción popular la asociación Manos Limpias antes de dicha resolución, Silva carecía de respaldo legal para poder ordenar por sí mismo –no había acusación particular y la Fiscalía no pedía medidas cautelares- el encarcelamiento de Blesa.

El polémico, que todavía debe enfrentarse a una recusación de la defensa por presunta enemistad y falta de objetividad antes de confirmar si seguirá como instructor, ha denunciado ante el Tribunal Supremo al magistrado y la fiscal que tramitan el expediente disciplinario abierto contra él por dos faltas muy graves y otra grave. En concreto, les acusa de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas) administrativa al entender que no hay base alguna para tramitar ese procedimiento. Tal imputación podría volverse en su contra, dado que tanto la Fiscalía como los abogados de Blesa estudian querellarse contra él por un delito similar, si bien en el segundo caso podrían añadir otro de detención ilegal al haber resuelto la Audiencia que no respetó la ley en el encarcelamiento de su cliente.

Lo llamativo del caso es que el expediente fue abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a mediados de abril y, sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid sólo ha decidido querellarse contra sus autores a raíz de que el órgano de gobierno de la judicatura rechazara el lunes de plano y por unanimidad darle amparo ante las pretendidas presiones e injerencias que aquel dice estar sufriendo en el ejercicio de su labor profesional. A Silva se le acusa de la falta de motivación de algunas resoluciones –ajenas al ‘caso Blesa’-, de retrasos «injustificados» en la tramitación de procedimientos y de «grave desconsideración» hacia el personal de su juzgado.