Tampoco vuelva usted mañana

Una Administración pública eficaz y eficiente y que sea la justa y necesaria, sería el mejor servicio público que podrían prestar los políticos a todos los españoles. Nuestra economía y por ende todos los ciudadanos, son los primeros demandantes de una reforma en profundidad de la Administración. Pero no nos engañemos, la reforma que necesitamos es de tal envergadura, que ni mucho menos se llegará a ello. Las necesidades son de tal intensidad, que lo que prima sería la reforma de la Constitución. Quizás parte de la culpa de todo el problema sea la ambigüedad con la que está redactado el artículo 103 de la Constitución. Simplemente su cumplimiento no es posible, sin incurrir en contradicciones. Si a ello le adicionamos el contenido de los artículos 149 y 148 respectivamente, sobre competencias exclusivas a asumir por el Estado y las que pueden asumir las Comunidades Autónomas, sin haber cerrado el modelo, supone asumir el mayor de los desaguisados posibles.

Los llamados «Padres de la Constitución», los siete más galardonados de la historia constitucional española, se equivocaron a todas luces, porque no proyectaron la Historia de España, al momento de definir el contenido constitucional. Ya lo advirtió con maestría inigualable Ortega y Gasset y a sus mensajes le hicieron oídos sordos. Los «siete magníficos» a los que yo llamaría los «siete inocentes», que pensaban que el devenir del tiempo haría que los nacionalistas periféricos entrarían en razón y acomodarían sus pretensiones en el contexto del interés del Estado, se equivocaron por completo. Por eso, la reforma debe considerarse bienvenida, pero urge la reforma de la Constitución. Tenemos aun reciente en nuestra memoria el desatino de ZP, a colación con el Estatuto de Cataluña y a renglón seguido el de Andalucía. Se quiso modificar en el fondo la Constitución sin tocarla, a través de la aprobación de las leyes orgánicas por la que se aprobaron ambos Estatutos, que al hacerlo por la mayoría de las Cámaras dieran legitimidad y permitiesen el cuestionamiento «antidemocrático» del previsible recurso de inconstitucionalidad, recurso que como sabemos fue interpuesto y cuya sentencia enmendó al contenido del Estatuto catalán. El problema de fondo que padecemos con los llamados nacionalismos periféricos, surge a mediados del siglo XIX, cuando los pueblos sin Estado quieren alcanzar el nivel político estatal de los otros pueblos que sí lo tienen. La Constitución intentó buscarles acomodo, pero ha sido en vano. Y si en el 78 se les dio la mano, hoy nos llevan cogido todo el brazo. Por eso, siendo la crisis económica que padecemos gravísima, mucho más lo es la crisis política en la estamos instalados. La absurda concepción del Estado que tenemos, es el responsable del exceso y complejidad de la burocracia existente. Por ello urge cerrar definitivamente el mapa competencial, más que una definición del modelo de Estado, porque eso sería abrir un debate innecesario y de imprevisibles consecuencias. La inercia del «buen rollito» de Rajoy y Rubalcaba debiera culminar con un acuerdo sin precedentes y una gran mayoría de ciudadanos se lo agradeceríamos de corazón… y con la cartera también.