Ecuador da luz verde a su polémica ley de comunicación

La batalla de Rafael Correa contra algunos medios de comunicación ha entrado en una nueva fase después de que el presidente de Ecuador firmase el viernes el «ejecútese» a la Ley de Comunicación que entrará en vigor mañana. El Gobierno defiende que la normativa frenará los monopolios y a la prensa hostil que busca, dicen, desestabilizar la nación, mientras que para los críticos -incluido el portavoz especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue- es una «ley mordaza». La norma, de 199 artículos, fue aprobada el 14 de junio por la unicameral Asamblea Nacional y en ella se recoge una nueva y controvertida figura; el «linchamiento mediático», producido por la reiteración de informaciones dirigidas a desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas.

La ley también contempla la creación de la Superintendencia de Información y Comunicación, que se encargará de la «vigilancia, auditoría, intervención y control» y tendrá «capacidad sancionatoria» sobre el actuar de los medios.

Otro nuevo ente será el Consejo de Regulación de Medios, con atribuciones en materia de acceso a la información, contenidos, franjas horarias, reglamentos y adjudicación de frecuencias. Contempla la redistribución progresiva de frecuencias de radio y televisión. La ley, que también define los contenidos violentos, ya sean físicos o psicológicos, establece que todos los mensajes de contenido sexualmente explícito que no tengan fines educativos, deben transmitirse necesariamente en horario para adultos.

«Que informe y comunique»

Hasta ahora Rafael Correa había sido muy duro con algunos diarios, que, en su opinión, ejercen «un rol político». Los medios de comunicación son un verdadero quebradero de cabeza para el mandatario, que dedicó buena parte del discurso de su segunda investidura a criticarlos y a anunciar que regularía su actividad. En este sentido, el mandatario no para de repetir que busca «una prensa libre e independiente, que informe y comunique, no que defienda intereses privados».

Sin embargo, la ley ha recibido un amplio rechazo desde antes de su entrada en vigor. Para el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, Diego Cornejo, la figura del linchamiento mediático «va en contra del trabajo periodístico y obliga a los medios a una autocensura».

La Rue dijo en un comunicado que contiene elementos que «afectan gravemente la libertad de prensa y la libertad de expresión» y que establece «mecanismos de censura» que «limitan la libertad» con la que los periodistas pueden «opinar sobre hechos relevantes, políticas públicas y sobre los funcionarios del país». El funcionario de la ONU envió un mensaje al gobernante para «recomendar» que «no sancione esta ley» y la reenviara al Congreso para nuevas discusiones, pero el oficialismo hizo caso omiso de la recomendación.