Urdangarin junto a su exsocio Diego Torres en una imagen de 2003. :: TARGET PRESS
ESPAÑA

Urdangarin y Torres vaciaron Nóos con 425 facturas por ocho millones de euros

La Agencia Tributaria no aprecia indicios de delitos fiscal de la infanta Cristina y cierra el paso a su imputación

MADRID. Actualizado: Guardar
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Iñaki Urdangarin y Diego Torres giraron facturas falsas para trasvasar los fondos públicos cobrados por el Instituto Nóos a los Gobiernos balear y valenciano a sus empresas pantalla. El informe elaborado por Hacienda para el juez José Castro detalla que «por unos pretendidos servicios y trabajos de muy diversa índole» presentaron «un número inusitado de facturas (425) por importes no menos llamativos (más de ocho millones de euros)». De esta forma, agrega la investigación, «drenaron los recursos generados hacia el respectivo patrimonio de ambos socios».

La Agencia Tributaria no lo dice con estas palabras, pero Urdangarin y Torres montaron un chiringuito sin apenas infraestructura personal ni material para sablear a las administraciones públicas. El sistema era de una sencillez pasmosa, y si no llega a ser por un desliz del expresidente Jaume Matas, que en una declaración ante el juez hace tres años reconoció haber adjudicado a Nóos la organización de los Illes Balears Forum, podía haberse quedado sin descubrir. Nóos contrataba con las administraciones públicas, Aizoon y otras empresas pantalla facturaban al Instituto por trabajos ficticios y el dinero iba a los bolsillos de los dos socios. Negocio redondo.

Unas operaciones en las que el yerno del Rey desempeñaba «la vertiente institucional y comercial» y el profesor de Esade se encargaba de «la autoría intelectual» de los proyectos que ofertaban. Un reparto de papeles similar al que describió el duque de Palma en su primera comparecencia ante el juez en febrero del año pasado. Esta división de tareas está recogida en el informe de 147 páginas entregado a Castro sobre el funcionamiento del entramado empresarial de Nóos.

El estudio determina que Urdangarin y Torres lo eran todo en la empresa, y sus esposas tenían un papel casi de figurantes. La infanta ni es citada, a diferencia de Ana María Tejeiro, imputada en la causa, pero que, según la Agencia Tributaria, se limitó a una labor de «administración interna» a las órdenes de su marido y del duque. En ninguna de los dos Hacienda aprecia indicio de delito fiscal. Una conclusión que casi borra las posibilidades de imputar a la hija del Rey y abre la puerta a desimputar a la compañera de Torres.

De 2002 a 2006

La empresa pantalla de Urdangarin era Aizoon, propiedad al 50% de los duques de Palma, mientras que Torres tejió un una red más compleja con Shiriaimasu, Intuit, Virtual y De Goes Cantar tor Stakeholder Management, su socio al 50% también era su esposa. Los dos «se concertaron a finales de 2002 para dedicarse a la consultoría y al diseño y organización de eventos» a través Nóos, tanto la Consultoría Estratégica como el Instituto de Investigación. La sociedad duró hasta 2006, cuando la Zarzuela ordena al yerno del Rey que se desvincule de Nóos, aunque Hacienda sostiene que «existen pruebas de que hasta 2008 Urdangarin continuó interviniendo activamente a favor de los proyectos» y facturando a través de Aizoon por trabajos a «título personal».

Todo se hacía, prosigue el informe, «bajo el dominio efectivo y absoluto de Torres y Urdangarin». Los demás socios, es decir la infanta, la esposa y los cuñados de Torres, «no contaban de ninguna forma ni participaban en la toma de decisiones estratégicas ni en la elaboración de proyectos». Pero todo era apariencia, constata Hacienda, porque en Aizoon, por ejemplo, la gran mayoría de los trabajadores eran «ficticios». Nóos, a su vez, «era puro ropaje jurídico sin la menor semejanza» con una asociación sin fines de lucro y su vida interna, además, era «prácticamente nula» porque se limitaba a las juntas para renovar los cargos directivos.

Pero esa condición de sociedad filantrópica permitió que lograran «sin procesos de licitación en concurso con otros ofertantes» los contratos de las administraciones públicas y «los excedentes obtenidos», no solo no se reinvirtieron en los «teóricos fines» del instituto, «sino que se repartieron entre los asociados y gerentes Torres y Urdangarin». En definitiva, «una persona jurídica utilizada en beneficio privativo de dos personas» que aprovechaba «la confianza y garantía inherentes a la presencia de Urdangarin» por su pertenencia a la Familia Real.