Una guía clave para pedir dinero al Ejecutivo

De momento, el Gobierno mantiene la mano tendida a las comunidades y se aleja del terreno de las exigencias, pero los gobiernos autonómicos rescatados o que necesiten asistencia financiera del Estado deberán tener en cuenta que, a partir de ahora, además de cumplir con los planes de austeridad para cumplir con el déficit, deberán atender a las recomendaciones del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Esto supondrá que si un consejero autonómico reclama auxilio financiero al Ministerio de Hacienda porque no puede hacer frentes a sus pagos o, sencillamente, porque quiere mayor margen para cumplir con la reducción del déficit, desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro se le explicará que, según la CORA, podrían ahorrar más dinero eliminando determinados organismos o suprimiendo duplicidades, como 'sugiere' el Gobierno en la reforma de la administración.

Montoro anunció que la próxima semana convocará tanto al Consejo Nacional de la Administración Local como al Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar a las comunidades del contenido de la reforma y, de paso, escudriñar las primeras reacciones.

El Ejecutivo quiere predicar con el ejemplo y cerrará o unificará 57 organismos públicos a la par que reclama a las comunidades autónomas que echen el cerrojo a 90 observatorios y, lo que supone un elemento de mayor tensión política, el cierre de instituciones tan arraigadas como los defensores del pueblo o las cámaras de cuentas.

Duplicidad

El Gobierno, según consta en el informe de la CORA, considera correcto el uso que han hecho las comunidades de la facultad que les otorga la Carta Magna de desarrollar sus estatutos con la creación de 17 cámaras legislativas. Cuestiona, en cambio la «multiplicación de órganos que, si bien previstos en la Constitución para el Estado, presentan algunas dudas acerca de su operatividad y eficiencia cuando su número se multiplica». En este apartado cita la proliferación de los defensores del pueblo, los consejos consultivos y las cámaras de cuentas. «En todos estos casos -destacan los autores del informe- los órganos autonómicos desarrollan competencias idénticas a las de las correspondientes estatales». Enfatizan el caso de las cámaras de cuentas y organismos de control externo porque «se da la paradoja de que el Tribunal de Cuentas del Estado también puede fiscalizar a las comunidades autónomas».

Una de las constantes de este análisis es la comparativa entre aquellas comunidades que han creado algún organismo de este tipo y aquellas que o los han cerrado ya o nunca los abrieron sin que se merme la calidad del servicio que se presta alos ciudadanos.

En el caso concreto de los once defensores del pueblo autonómicos, Murcia, Castilla-La Mancha y ayer Asturias ya lo han suprimido, el Gobierno subraya que se ha producido un elevado coste en la tramitación de las quejas y un bajo rendimiento de los recursos humanos destinados a estas instituciones autonómicas. La CORA llega a la conclusión de que mientras los 165 técnicos y empleados del Defensor del Pueblo del Estado tramitan anualmente 33.849 quejas, los 346 empleados públicos de los once defensores del pueblo autonómicos tramitan 38.407 quejas. Por ello, el Gobierno aboga por su cierre.