Las comunidades autónomas muestran sus recelos

No será tan fácil que las comunidades accedan alegremente a eliminar instituciones como defensores del pueblo y tribunales de cuentas. Ni siquiera que lo hagan aquellas gobernadas por el PP. Nadie fue tan lejos ayer como el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que acusó al Ejecutivo de «dar lecciones y no hacer los deberes», pero muchos dejaron claro que no se cargarán de un plumazo órganos reconocidos en sus estatutos.

La Generalitat valenciana se mostró dispuesta a «reducir» las Sindicaturas de Cuentas y el Síndic de Greuges, pero no a acabar con ellos. Y, así y todo, advirtió de que necesitará del concurso de algún otro grupo político para ejecutar el recorte. El PP de Galicia eludió aclarar qué hará hasta que no haya hablado con la oposición y los populares andaluces coincidieron con el Gobierno de José Antonio Griñán en que las dos figuras mencionadas no pueden ser suprimidas, salvo modificación del Estatuto.

La portavoz de la Junta andaluza, Susana Díaz, trató de ser cauta hasta conocer toda la propuesta, pero advirtió de que se toma la idea de eliminar organismos como una mera «recomendación». Su compañero de partido y número dos del PSOE-A, Mario Jiménez, conminó al Ejecutivo a convocar una mesa de diálogo con las autonomías, «sin condiciones a priori».

También el Gobierno canario arremetió contra los planteamientos de Rajoy y los tachó de «antiautonomistas». En otros parámetros, el líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, recordó que ni él ni el popular José Antonio Monago han creado tribunal de cuentas ni defensor propio y que los miembros del Consejo Económico y Social, por ejemplo, no cobran.