España pugna por blindar ante quitas a grandes depósitos y pymes al rescatar un banco

España pugna en la UE por evitar que los grandes depósitos de particulares y las pymes sufran pérdidas al rescatar un banco. El Gobierno de Mariano Rajoy quiere que ambos colectivos cuenten con una protección especial en la directiva que ultiman los Veintisiete para regular las recapitalizaciones. La propuesta española implicaría extender el blindaje otorgado a las cuentas con menos de 100.000 euros, el umbral fijado para diferenciar a pequeños y grandes ahorradores. Los socios llevan meses enfrascados en una negociación que persigue minimizar el uso de dinero público para apuntalar entidades. El punto de mayor fricción es el grado de autonomía que puede llegar a tener cada país para decidir dónde se concentran los tajos en caso de desplome bancario.

El núcleo de la nueva normativa comunitaria establece el orden que debe respetarse al imponer pérdidas en el seno de un banco. Esta relación permite tener claros los pasos a seguir tanto en caso de rescate como de liquidación de una entidad. De esta manera, se podrían prevenir gestiones caóticas como la del salvavidas de Chipre, donde en un principio se llegó a plantear una quita para los pequeños ahorradores. El segundo objetivo es que los países dejen de gastarse sumas millonarias para reflotar entidades, una hipótesis que no se eliminará completamente porque los fondos públicos siempre podrán utilizarse si existe un riesgo sistémico. El orden de afectados a la hora aplicar quitas está prácticamente definido. En los primeros escalones, se encontrarían los accionistas y titulares de preferentes. A partir de ahí, si todavía se necesita más dinero para recapitalizar la entidad, también se exigiría un esfuerzo a los dueños de bonos. Salvo que el banco se encuentre en un estado ruinoso, los expertos sostienen que el tajo se detendría a esta altura porque ya se habrían conseguido estabilizar sus cuentas. Sin embargo, tampoco puede descartarse completamente una nueva situación al estilo chipriota. Allí, las entidades apenas contaban con propietarios de acciones y deuda, lo que obligó a meter la tijera hasta los depósitos.

Las negociaciones de la UE se centran en determinar si puede tratarse por igual a todas las cuentas. Dado que los titulares de menos de 100.000 euros están protegidos, el debate se centra en las cantidades superiores. España reclama que se diferencie completamente a pymes y particulares, que se beneficiarían de un escudo similar al de los pequeños ahorradores. Con esta distinción, solo las grandes empresas sufrirían pérdidas si resulta necesario. Según los datos del Banco de España, los bancos nacionales albergan el segundo mayor volumen de depósitos de la zona euro. En total, se contabilizan 1,09 billones de euros, una cantidad ligeramente inferior a la alemana.

España no está sola en la batalla, aunque otros países la enfocan de una manera distinta. Francia, Reino Unido y Suecia exigen disponer de la libertad suficiente para decidir quién debe asumir las pérdidas. En el bando contrario, Alemania, Holanda y Austria empujan para que la directiva sea más restrictiva y no existan distorsiones entre países. Las diferencias no son desdeñables porque puede producirse un trasvase de inversores dentro de la UE. Si un socio pone en marcha un marco más seguro, los operadores de los mercados pueden concentrar allí sus negocios y generar muchas complicaciones en cualquier otro sector bancario del bloque.

Convencido de que un modelo uniforme podría ser «peligroso», el ministro de Economía sueco, Anders Borg, abogó por ofrecer flexibilidad a los gobiernos dentro de una directiva de una altísima complejidad técnica con alrededor de 300 páginas. El responsable francés, Pierre Moscovici, apuntó la vía en la que se trabajaba para sellar un acuerdo. A su juicio, debía permitirse cierta autonomía, pero con «límites» para garantizar la unidad.

La clave de las negociaciones estaba en que la exclusión de los grandes depósitos de particulares y pymes no diluyera la responsabilidad en un rescate. Es decir, que accionistas y titulares de deuda corrieran con una parte mayor de la factura sin que se necesitaran más fondos públicos. Para garantizar este escenario, también se debatía la creación de un nuevo mecanismo financiado por el sector bancario para cubrir posibles pérdidas en las cuentas superiores a 100.000 euros, aunque su puesta en marcha llevará años. Otro aspecto sobre la mesa era que Bruselas supervisaría cualquier flexibilidad adicional para prevenir distorsiones.