Todos los partidos rechazan la supresión de la Cámara de Cuentas y el Defensor en Andalucía

La decisión de suprimir las oficinas del Defensor del Pueblo y las cámaras de cuentas autonómicas no está en manos del Gobierno de la nación, sino de cada parlamento regional. Sin embargo, el informe encargado por el ejecutivo de Rajoy para la reforma de las administraciones recomienda la desaparición de los órganos territoriales para que su trabajo pase a los de carácter nacional: la oficina del Defensor del Pueblo, cuya jefatura recae en la exdiputada del PP Soledad Becerril, y el Tribunal de Cuentas. Solo con la disolución de las 11 oficinas territoriales del Defensor el informe encargado por Rajoy a un grupo de expertos dice que se ahorrarían 30 millones de euros. ¿Cómo se ha acogido la recomendación en Andalucía? La respuesta ha sido unánime en todos los partidos con representación parlamentaria (PP, PSOE e IU): Andalucía no tiene por qué atender dicha recomendación y no lo hará.

El argumento principal es que las figuras del Defensor y la Cámara de Cuentas, órganos ambos de extracción parlamentaria, vienen recogidas en el Estatuto de Autonomía. Si se decidiera su desaparición habría que reformar la máxima ley de la comunidad con rango de ley orgánica. El Estatuto reformado en 2007 contó con el respaldo de los partidos ahora con escaños en el Parlamento. PP, PSOE e IU (PA se opuso) y se aprobón sin voto en contra en el Congreso de los Diputados.

La oficina del Defensor emplea a 65 personas, un número elevado de libre designación del titular, desde el pasado jueves Jesús Maeztu, que sustituye en el cargo a José Chamizo, que ejerció como tal desde 1996. El primer Defensor, Manuel Conde Pumpido, fue elegido en 1984. La Cámara de Cuentas cumple ahora 25 años. El catedrático granadino Antonio López es su presidente desde hace dos años. Hay 120 personas empleadas, un número elevado de ellos de libre designación.

El presupuesto del Defensor es de 5 millones de euros, mientras que el de la Cámara de Cuentas es de 9,2 millones de euros. Juntos suman 13,2 millones de euros de los 30,2 mil millones del presupuesto de la Junta y de los 44 millones del Parlamento.

Para la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, que asistió a la presentación del documento de la reforma administrativa por Rajoy el miércoles, las recomendaciones de suprimir los defensores y las cámaras de cuentas no pueden referirse a Andalucía. Díaz apunta otro argumento para no eliminar ambos órganos, con el que coinciden PP e IU: la dimensión de Andalucía, con el territorio más extenso del país y 8 millones de habitantes. «Lo que me ha trasladado el Gobierno es que en el documento lo que hay son recomendaciones y que estas no son iguales para todas las comunidades».

La secretaria de Organización del PP andaluz, Ana María Corredera, respondió sin titubear: «En el caso de Andalucía no sería posible», dijo para añadir que eso no quita que en otras comunidades «se decida lo contrario». Castilla la Mancha se ha adelantado para suprimir ambos organismos. Corredera sí considera viable que se supriman otros organismos, como algunos observatorios.

El nuevo coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, considera que la reforma de la administración esconde la intención del PP de desmantelar el Estado. Dijo estar de acuerdo en reordenar las administraciones, «pero reordenarlas para lograr una mayor eficiencia de los servicios, no para desmantelarlas».