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CONSEJO DE MINISTROS

La reforma de las administraciones ahorrará 37.700 millones hasta 2015

La vicepresidenta del Gobierno destaca que se trata de un trabajo "gigantesco, inédito en la historia de la Democracia"

ROSARIO GONZÁLEZ
MADRIDActualizado:

La Reforma de las Administraciones Públicas que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros pretende ahorrar un total de 37.700 millones de euros hasta 2015, gracias a las iniciativas contempladas en la reforma de la administración local, las medidas estructurales sobre el empleo público y la racionalización de estructuras, según ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.

"Si contamos el adelgazamiento de la administración pública, la CORA, la reforma local y los empleados públicos, se ahorran 37.700 millones hasta 2015. Comparando presupuestos de 2011 a 2015, el ahorro es de 17.500 millones", ha calculado la vicepresidenta, que ha anunciado además la creación de una oficina de seguimiento de este proyecto, puesto que su aplicación se plantea a largo plazo. "Cada euro que se ahorra la administración, le ahorra a cada ciudadano en costes de oportunidad dos euros. Esto es la reforma", ha resumido Santamaría.

El informe aprobado hoy y que fue presentado el pasado miércoles por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contiene más de doscientas medidas propuestas por la comisión que ha trabajado en su redacción (la CORA). Según ha destacado Santamaría, se trata de "una auditoría completa de todo el sector público español". "Un trabajo gigantesco, titánico, inédito en la historia de la democracia", ha añadido la vicepresidenta, que ha comparecido junto al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

El Ejecutivo da así el visto bueno al informe de la Comisión a falta de que el presidente busque más consenso en torno a los nuevos ajustes. Según ha avanzado Montoro, la semana que viene será convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para, ha señalado el ministro, "plantear este informe y expresar ese contenido en los compromisos de reducción de gasto público de las administraciones territoriales".

"Movilidad" entre el personal público

En relación a cómo afectará la reforma al personal público y si se plantean despidos, la vicepresidenta ha señalado que "todas las administraciones públicas somos muy conscientes de que lo que gestionamos es el dinero de los contribuyentes". En este sentido, Santamaría ha planteado la posibilidad de que el personal de organismos que sean suprimidos pasen a desempeñar funciones en otros organismos con necesidad de personal. "Movilidad", ha definido la vicepresidenta. "Eso además nos puede permitir dar carrera profesional. Queremos trabajar mucho en la formación", ha señalado.

Por su parte, Montoro, ha subrayado que se ha "perdido" mucho empleo público. "Estamos en un rango de administración pública propia de la anterior década. Estas reformas no están hechas para reducir plantillas del sector público. el problema es la eficiencia del sector público", ha defendido el ministro para destacar que se han cerrado ya 535 empresas públicas. "El día que lo vea en un titular me emocionaré", ha bromeado.

Poda en la Administración

El Ejecutivo ya avanzó que va a asumir la parte correspondiente a la Administración General del Estado y que intentará el entendimiento con las comunidades para que apliquen la parte que les corresponde. De acuerdo con el informe, el Gobierno prevé suprimir o fusionar 57 organismos públicos, entes o fundaciones, entre ellos el Consejo de la Juventud y varias entidades de la Seguridad Social. Además, hablará con las comunidades para eliminar numerosos organismos cuyas competencias y servicios serían prestados por órganos estatales "con igual o mejor calidad" y a menor coste.

Es el caso de las competencias atribuidas a los tribunales de cuentas, los defensores del pueblo, las agencias de protección de datos, las juntas consultivas de contratación administrativa, los tribunales administrativos de recursos contractuales o las agencias de evaluación del ámbito universitario