España empuja para que el BEI cambie de forma radical y se centre en financiar pymes

España empuja para lograr un cambio radical en el funcionamiento del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el brazo financiero de la UE desde su nacimiento tras la Segunda Guerra Mundial. El Gobierno de Mariano Rajoy pretende que la entidad pase de respaldar la construcción de infraestructuras a volcarse en desbloquear el crédito a pymes y empresas de mayor tamaño. La agresiva apuesta del Ejecutivo implicaría un fuerte incremento de los préstamos sin tener miedo a que el organismo pierda la codiciada Triple A de las agencias de calificación, una estrategia muy alejada de las posiciones de Alemania. Bruselas prepara de cara a la cumbre de presidentes de la próxima semana un plan para que el BEI contribuya a paliar la sequía de liquidez en los socios del Sur.

El Gobierno eleva la presión en el seno de la UE para encontrar nuevas vías de financiación para la economía. Pese a que los tipos de interés se encuentran en unos niveles históricamente bajos, las pymes españolas sufren para lograr créditos mientras sus competidoras germanas se manejan con holgura. Consciente de que esta situación dificulta la salida de la recesión, el Ejecutivo mira con cada vez mayor atención al BEI. Su objetivo es que la entidad se transforme completamente y deje de apoyar de forma preferente la puesta en marcha de aeropuertos o líneas ferroviarias. En su lugar, se concentraría en ofrecer liquidez a las empresas gracias a su acceso directo a los fondos del Banco Central Europeo.

Aunque no ha puesto cifras concretas sobre la mesa, España quiere que el tirón del BEI no sea testimonial. Incluso, aboga abiertamente por forzar tanto el endeudamiento de la entidad que pueda perder la máxima nota de 'rating'. El planteamiento español supone insistir en un camino desbrozado el año pasado. Entonces, la UE aprobó incrementar los préstamos de la entidad hasta los 70.000 millones en 2013, 20.000 más que en el ejercicio anterior. Este aumento, sin embargo, salió adelante sin que peligrara en ningún momento la Triple A, una distinción que permite obtener financiación en los mercados a precios muy reducidos. El organismo, dirigido por el germano Werner Hoyer recela de cualquier cambio de excesiva magnitud.

España tiene a su favor que el BEI ya se encuentra en el centro de las negociaciones. La Comisión ultima la presentación de una serie de alternativas para que la entidad ayude a agilizar el crédito. Una de las opciones sobre la mesa pasaría por utilizar como avalista al organismo para que los bancos incrementen los préstamos. En principio, la intención es que los Veintisiete puedan tomar una decisión en la cumbre de la próxima semana.

Último recurso

La pugna por el BEI se solapó ayer con la reunión mensual del Eurogrupo. Los ministros de Economía se citaron en Luxemburgo para intentar cerrar el reglamento que guiará la recapitalización directa de la banca. Este instrumento cuenta con un gran interés para España por el mensaje de confianza que enviará a los mercados. Más allá del avance que supone en la construcción de la unión bancaria, garantiza que los países no estarán solos si necesitan rescatar a una entidad.

Tras seis meses de negociaciones, los titulares de Finanzas ultimaban un acuerdo fundamental, pero restrictivo. La recapitalización directa de la banca solo será posible como último recurso y cuando el país beneficiario no disponga de liquidez suficiente. Además, el dinero no será ilimitado. El Mecanismo Europeo de Estabilidad, el fondo de rescate del bloque, solo reservará 60.000 de sus 500.000 millones para el reflotamiento de entidades. En paralelo, se exigirá que accionistas, titulares de deuda e incluso grandes depósitos puedan asumir pérdidas dentro de todo el proceso. Las inyecciones directas se podrán activar en el otoño de 2014, una vez que la supervisión del sector esté en manos del BCE.

Pese a la implicación de la zona euro, los países también tendrán un protagonismo directo en las recapitalizaciones. Se estima que correrán con una parte importante de la factura. España, por ejemplo, tendría que haber pagado un tercio de los 40.000 millones de su rescate en caso de que las inyecciones hubieran sido una realidad.